México necesita una Ley General de Seguridad Privada ya. Así lo considera Armando Zúñiga Salinas, presidente de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (Asume), quien, a través de un artículo publicado en la página web del diario El Financiero, reclama a legisladores y autoridades que avancen en la aprobación de la citada norma.
Políticos y empresarios exigen que se apruebe la ley
Tal y como informó Segurilatam, la Comisión Permanente del Senado de México emitió una declaratoria de reforma constitucional, en mayo del año pasado, con el objetivo de sacar adelante la nueva y esperada Ley General de Seguridad Privada. Tras aprobarse la adición de una fracción (XIII Bis) al artículo 73 de la Constitución Política, el asunto quedaba en manos del Congreso de la Unión, encargado de expedir la norma en un plazo de 180 días naturales.
Desde entonces, lo cierto es que la citada ley no ha visto la luz. Y políticos y empresarios ha conminado al Congreso de la Unión a aprobarla con urgencia. Ha sido el caso de Alicia Medina Hernández, diputada en el Congreso de la Ciudad de México, y de José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Ante tales reclamaciones, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), manifestó en una de las tradicionales mañaneras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que la ley se está “analizando”.
La Ley General de Seguridad Privada, una norma necesaria
Ante esta situación, Armando Zúñiga Salinas recuerda que para sacar adelante la nueva Ley General de Seguridad Privada se trabajaron más de 600 horas, con autoridades de la SSPC, en las denominadas mesas beta con el Consejo Coordinador Empresarial y Asume, entidad que representa a 30 asociaciones del sector. Pero “dicho proyecto no ha sido enviado al Congreso a pesar de que la fecha para su vencimiento ocurrió en noviembre de 2021”, se lamenta Zúñiga Salinas en el artículo publicado en la web de El Financiero.
Según el presidente de Asume, la nueva norma es necesaria porque “la seguridad privada sufre una gran corrupción debido a una Ley Federal obsoleta y 32 leyes estatales diferentes”. Y ayudará a “distribuir competencias entre la Federación, los estados y los municipios mediante un permiso único y un registro personal”, además de dignificar los salarios y prestaciones para beneficiar a más de 800.000 personas y sus familias.
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