¿Qué ha supuesto para usted acceder al cargo de superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada?
Como profesional, ha sido un reto importante. En la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) he encontrado un gran grupo humano de profesionales. Y también una entidad que se ha ido construyendo poco a poco en servicio de la ciudadanía, los vigilantes y las empresas del sector, que brindan un gran apoyo a la seguridad ciudadana.
Uno de los principales retos que se ha fijado la nueva Supervigilancia es combatir la informalidad en el sector. Actualmente, ¿cuántas empresas no formales prestan servicio en Colombia? ¿Qué actuaciones está llevando a cabo la Superintendencia a través del plan de formalización del sector?
En estos momentos, es imposible cuantificar cuántas empresas no tienen autorización para prestar servicio. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, yendo de ciudad en ciudad, para identificar qué empresas prestan servicio de manera informal o ilegal. Y estamos desarrollando una estrategia, denominada La ruta de la formalidad es el cambio, a través de la cual estamos dándole información a los prestadores no autorizados para que puedan formalizarse como empresas de seguridad privada.
Y también estamos brindando información a quienes contratan los servicios de las empresas de vigilancia y seguridad privada sin un respaldo. Es esencial que los usuarios tengan claro que quien contrata una empresa informal o ilegal está precarizando el trabajo en Colombia. Además, estas empresas no responden por daños o pérdidas. Y también se puede llegar a sancionar a las personas o consejos de administración que contraten a empresas no formalizadas.
¿Cómo calificaría la relación existente entre la Superintendencia y las asociaciones del sector?
Es una relación de acuerdo a lo que está en la ley. Hemos encontrado unos empresarios comprometidos con el sector y las políticas de gobierno. Y que apuntan a garantizar que los trabajadores cuenten con sus prestaciones sociales, que se les pague sus horas y que la persona que presta el servicio de seguridad privada pueda crecer profesionalmente. Se trata de dignificar al trabajador.
Segurilatam ha tenido ocasión de preguntar a las asociaciones cuáles son los retos que enfrenta el sector en Colombia. Uno de ellos es la modernización del Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, pues se aprobó hace casi 30 años. En este sentido, ¿habrá una actualización del Estatuto a corto o medio plazo?
De momento, estamos generando unas mesas de trabajo para que todas las partes sean escuchadas. Para hacer un ajuste del estatuto debemos escuchar a los trabajadores del sector, los empresarios y los usuarios de seguridad privada.
A partir de ahí se podrá dar forma a un estatuto más vigente que contenga las nuevas tendencias de seguridad relacionadas con el uso de la tecnología, la limitación del uso de armas letales o la capacitación. Y también con la ampliación del sector a nuevos mercados que tienen que ver con la seguridad privada y buscar la manera de que estén conectados con la seguridad ciudadana y la seguridad humana que se pretende desde el Gobierno.
Hemos abierto mesas de diálogo con todos los gremios del sector para, primero, revisar el tema de capacitaciones; segundo, para desarrollar una reglamentación ajustada a la vida animal; y tercero, para abordar las garantías laborales con sindicatos, organizaciones de trabajadores y empresarios con el fin de apoyar al sector y que se tome la ruta de la legalidad. Ha sido un trabajo mancomunado donde hemos escuchado a diferentes actores del sector de la vigilancia y seguridad privada.
Otra de las reclamaciones del sector es la posibilidad de prestar servicios como la custodia de presos o la seguridad en eventos masivos. ¿La Supervigilancia y el Gobierno de Gustavo Petro son partidarios de ampliar el ámbito de actuación de las empresas de vigilancia y seguridad privada y facilitar la prestación de servicios que tradicionalmente le han correspondido a la seguridad pública?
No puedo hablar en nombre del presidente Petro. Pero sí puedo darle un mensaje a la ciudadanía colombiana: las empresas que regula la Supervigilancia trabajan día a día para que el sector crezca. Y no solamente en crecimiento como tal, sino en buenas prácticas. Y creo que pueden aportar muchísimo al tema carcelario, la defensa de los derechos humanos y la situación que ocurre en las cárceles.
En definitiva, darle una transformación al sistema carcelario en Colombia. Y ello es así porque cuentan con una capacitación importante desde nuestras academias de vigilancia y seguridad privada. Y también con recursos humanos y tecnológicos que van a permitir transformar el sistema carcelario y contribuir a dejar atrás la violación de derechos humanos en las cárceles colombianas.
Hemos escuchado propuestas por parte de los gremios que apuntan a una transformación del sistema carcelario y una reivindicación y una nueva oportunidad para los privados de libertad. Entonces, me parece realmente importante tenerlos en cuenta.
Algunas asociaciones verían con buenos ojos que los profesionales del sector pudieran usar armas no letales como pistolas eléctricas. ¿Cuál es la postura de la Superintendencia al respecto? ¿Está favor?
Sí. Esta sociedad tiene que cambiar. Debemos ir transitando a un uso de armas menos letales. El sector tiene el principio fundacional de la disuasión y la presión del delito. Por ello, el uso de armas letales, de armas de fuego, ha de estar más enfocado al transporte de valores y los servicios de escolta. Pero en otros ámbitos sería deseable limitar el uso de armas de fuego.
Otro de los retos del sector es la capacitación. ¿Cómo contribuye la Superintendencia a que el personal del sector esté más capacitado?
La Supervigilancia ha abierto una mesa de diálogo con guardas, vigilantes y academias en la que hemos propuesto generar unos protocolos de evaluación. No se puede seguir dando formación que luego no va a ser de utilidad. Tenemos que ser específicos y llevar la educación a un nivel técnico. Hay que profesionalizar al personal sobre lo que va a hacer.
En este sentido, lo primero es preguntarse qué hace un vigilante. ¿Hace de todo? ¿O está en un sitio para comunicarse bien con los bomberos, un servicio de médicos o la policía? Solamente he mencionado tres procedimientos. Pero puede haber 50 que un vigilante puede realizar de manera profesional, adecuada y eficaz. Y son los que deben ser evaluados para que un vigilante pueda desarrollar su tarea, no preguntarle sobre otros temas que no vienen al caso.
Hemos visto vacíos en algunos currículos y no vamos a poder evaluar al vigilante en lo que debe hacer. Entonces, las mesas de diálogo nos permiten desarrollar estos protocolos y, partiendo de ellos, hacer las evaluaciones oportunas.
Algunos representantes del sector han sugerido que sería positivo permitir a los extranjeros que inviertan en Colombia y fomentar que las empresas nacionales operen en otros países. ¿Qué opinión le merecen estas propuestas?
Esta una discusión de la sociedad, no una discusión de nosotros como Superintendencia. Este asunto sobre permitir o limitar la inversión extranjera debe ser una propuesta que nazca de muchos actores de la sociedad. Nosotros nos limitamos a nuestra función, que es garantizar el funcionamiento del sector y regularlo.
Más allá de los expuestos, ¿qué otros temas son prioritarios en lo referente a la inspección, vigilancia y control del sector?
Hay un tema importante que me encargó el presidente Gustavo Petro cuando me posesionó como superintendente: ubicar las armas de las Convivir –cooperativas o servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada–.
Ya en este punto, nosotros hemos hecho un diagnóstico claro de mirar, evaluar el sector. Creemos que hay un porcentaje grande de informales que absorben armas del mercado negro. Y cada vez que hacemos una inspección tenemos un convencimiento mayor de que empresas ilegales usan armas cuya procedencia debe determinar la Fiscalía.
Además, se ha cambiado la imagen institucional de la Supervigilancia. Y se han impulsado convenios para ampliar la cobertura educativa según el plan de gobierno. Esta Superintendencia ha suscrito acuerdos con la Fundación Universitaria Cafam, la Universidad Libre, la Universidad Cooperativa de Colombia, SENA y la Fundación de Educación Superior Nueva América; con esta última teniendo como objetivo la facilidad para profesionalizar al personal operativo vigente y extensivo a sus esposas y/o hijos, junto a un trabajo interinstitucional entre el sector público y el privado.
