Cabe señalar un hecho reciente que, sin duda, es muestra fehaciente de las amenazas a la seguridad que enfrentan los concesionarios aeroportuarios en México. Eran las primeras horas de la mañana del 5 de enero de 2023 y varios reportes de balaceras y narcobloqueos comenzaron a llegar al C5 del estado de Sinaloa.
Los reportes aumentaron y se extendieron a Los Mochis y Guasave. Horas después se supo que eran producto del operativo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional llevaban a cabo para recapturar a Ovidio Guzmán López, presunto narcotraficante e hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y quien fuera liberado horas después de su arresto, en octubre de 2019, por las mismas autoridades que lo capturaron.
Aquel día de enero, en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana que arribó minutos después del anuncio de la captura del capo fue recibido a balazos por grupos armados que, desde el perímetro de la instalación, le dispararon e hirieron de gravedad a un elemento de la corporación.
Asimismo, en un hecho sin precedentes para la aviación civil comercial en nuestro país, un avión Embraer de Aeroméxico Connect, que operaba el vuelo AM165 (Culiacán-CDMX), previo a su despegue recibió un impacto de bala en la parte trasera de su fuselaje. Y aunque, afortunadamente, no impactó a ningún pasajero ni causó daños críticos a la aeronave, el hecho pudo devenir en un evento catastrófico.
Tras el operativo de captura, Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, reportó que la jornada de narcobloqueos y balaceras dejó solamente 29 muertos en Culiacán. De los fallecidos, 10 correspondieron a personal militar y 19 a miembros del Cártel de Sinaloa. Además, las autoridades contabilizaron 35 militares lesionados por arma de fuego y reportaron que no se tuvo información sobre ningún civil inocente que haya perdido la vida.
Daños colaterales
Las infraestructuras críticas, como los aeropuertos, son instalaciones dependientes e interdependientes. Es decir, poseen una robusta simbiosis con diversos sectores o unidades de negocio que dependen unos de otros para su permanencia u operación.
Ello se puso de manifiesto con los acontecimientos bélicos de ese día en Culiacán que generaron una parálisis urbana que no sólo provocó el cierre de tiendas como Walmart, Soriana y Coppel, además de registrarse un incendio en una sucursal de Oxxo. También causó la interrupción de las operaciones de aplicaciones de movilidad como Uber y DiDi, así como la cancelación de más de 100 vuelos comerciales, privados y de carga (nacionales e internacionales) en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
Los daños por el cierre de aeropuertos fueron incalculables. Efectos en cascada socavaron la operación y rentabilidad de muchos sectores interdependientes de la aviación. Y la imagen de la marca México se devaluó en la comunidad internacional.
Factores de riesgo y territorios violentos en México
Con anterioridad he señalado que la protección perimetral de aeropuertos constituye grandes desafíos, puesto que nos encontramos ante proyectos de gran magnitud: muchos de ellos están ubicados en posiciones donde el clima, el ecosistema, el suelo o el ambiente generan condiciones hostiles que limitan la permanencia de la propia infraestructura de seguridad.
Factores como la radiación UV, la humedad, la corrosión, la vegetación incesante y excesiva son situaciones normales que los aeropuertos enfrentan como su día a día. A ello se suman también factores de índole social como la falta de Estado de derecho que promueve la expansión de asentamientos irregulares que comienzan a instaurarse de manera adyacente a los perímetros de los aeropuertos, generando un riesgo latente para los operadores.
Por otro lado, el informe México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, advierte que las organizaciones que por años han sido identificadas como las “dominantes” actualmente se han fragmentado.
Se trata de siete agrupaciones “tradicionales”: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel de Tijuana, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana. Y cinco más “modernas”: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Caballeros Templarios, el Cártel del Noreste, Los Viagra y Los Rojos. Hoy estos grupos se encuentran en una lucha iracunda y sanguinaria por los territorios del país y han generado una profunda crisis de seguridad que impacta a la sociedad mexicana.
Y aunque el presidente López Obrador ha manifestado que “es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad”, el país, según el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y La Paz, no está bien colocado en el ranking mundial, ubicándose en el puesto número 137 de 163 países –varios lugares rezagado del país vecino del norte–.
De igual manera, podemos señalar que el Departamento de Estado de EEUU tiene alertas de “no viajar” a seis estados mexicanos: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, todos gobernados por el partido Morena. Asimismo, otros seis están en el rubro de “reconsiderar el viaje”: Baja California y Morelos (Morena), Chihuahua y Guanajuato (PAN), Durango (alianza PAN-PRI-PRD) y Jalisco (MC). Es de lógica común entender que esto es una afectación al país y sus infraestructuras vinculadas con el sector turístico.
¿Qué nos queda por hacer?
Ante lo ocurrido en Culiacán y la indiscutible predominancia de grupos criminales en muchas de las regiones del país, queda claro que los sistemas de seguridad, sobre todo en los perímetros de zonas restringidas, si bien pueden cumplir con la normatividad vigente, resultan obsoletos e inadecuados ante el contexto actual del país, pues no guardan proporcionalidad con los desafíos de máxima violencia como los que ya hemos presenciado en Culiacán.
De ahí que resulte imperiosa la necesidad de tener una regulación actualizada ante los desafíos que se experimentan en el país. Y que los concesionarios de aeropuertos y del transporte aéreo actualicen sus estudios de seguridad contemplando antecedentes como los antes mencionados. Es indispensable que el director de Seguridad reflexione si su primera línea de defensa, además de cumplir con los criterios marcados por la autoridad, podría representar un medio efectivo y eficaz de disuasión, demora y rechazo ante las posibles amenazas del México actual.
