Recientemente, la Comisión de Seguridad Pública del Senado retomó la discusión del proyecto de Ley de Seguridad Privada. ¿Cuál es la opinión de Aseva al respecto?
Estamos muy agradecidos de que el Senado haya retomado la discusión de un proyecto de ley que es clave para regular, de forma eficaz, la actuación de la seguridad privada en Chile. Para nosotros es muy relevante este proceso y nuestro compromiso con la Comisión de Seguridad Pública es apoyar en lo que necesite, desde nuestra experiencia y voz experta, para que el proyecto final esté en línea con lo que hoy se requiere y defina con claridad los roles, funciones, facultades y responsabilidades de todos los componentes de la seguridad privada, de tal manera que pueda dar respuesta a las actuales amenazas y riesgos que enfrentamos como país.
Durante su intervención en la comisión, usted puso en valor la importancia del sector. Exactamente, ¿cuántas empresas y trabajadores conforman el sector de la seguridad privada en Chile? ¿Cómo contribuye este sector a reforzar la seguridad de los chilenos?
Actualmente se desconoce el número de componentes de la seguridad privada. Formalmente sólo se tienen registros de la cantidad de personas acreditadas con credencial vigente, que suman unos 80.000 trabajadores, aproximadamente. Pero se puede estimar que, en total, quienes desarrollan esta actividad suman cerca de 180.000 componentes. En cuanto al número de empresas, asciende a unas 2.800.
Su contribución está dada por los innumerables alcances que tiene al ser un actor relevante en todo el desarrollo económico de este país, abarcando instalaciones, bancos, centros comerciales, espacios público-privados, empresas estratégicas, medios de transporte, edificios públicos, etc.
El sector juega un rol fundamental en las demandas de seguridad que tiene el país porque no sólo se encarga de resguardar infraestructuras o espacios de atención de público; también protege a las personas que visitan y trabajan en esos lugares. Cuando alguien tiene un problema acude en primera instancia al guardia de seguridad privada para recibir ayuda u orientación.
En la comisión, usted manifestó que los guardias y vigilantes no disponen de las herramientas necesarias para enfrentar el actuar de las bandas delictuales. En este sentido, ¿qué proponen desde Aseva?
Disponer de las herramientas necesarias no pasa por portar una pistola. En la actualidad, de acuerdo a la legislación vigente, los policías e integrantes de las fuerzas armadas, personas civiles autorizadas y vigilantes privados pueden portar armas de fuego. Ellos están preparados y entrenados para su porte y uso, pero la solución no pasa por ahí. Pasa por tener una legislación robusta y actualizada para que los guardias y vigilantes de seguridad privada sepan hasta dónde puede actuar y qué pueden hacer ante ciertas situaciones. Y también para que haya una coordinación más efectiva con los cuerpos policiales.
Otra de las reclamaciones de Aseva es agilizar el proceso de acreditación del personal de seguridad privada por parte del servicio OS10 de Carabineros. ¿Qué respuesta ha obtenido la asociación ante esta solicitud? ¿Cree que dicho proceso mejorará a corto o medio plazo?
Efectivamente, la autoridad fiscalizadora tiene limitaciones para generar procesos de acreditación eficientes que faciliten acelerar la validación de los componentes de la seguridad privada. Esperamos que esta situación se pueda resolver en el corto plazo. La industria de la seguridad, tan demandada, requiere procesos ágiles y expeditos que permitan contar con las personas calificadas, pero con procesos que respondan a la modernización tecnológica y digital que alcanza a los órganos del estado. Es importante que la nueva ley considere un proceso de acreditación más ágil y exhaustivo.
Al margen de las señaladas, ¿qué otras propuestas les gustaría que se reflejasen en la reforma de la normativa de seguridad privada?
En Aseva estamos disponibles para aportar en lo que sea necesario con el objetivo de que la legislación responda a las necesidades de seguridad que tienen los chilenos. Lo que más nos interesa es que el proyecto que está en la Comisión de Seguridad Pública del Senado permita incorporar la seguridad privada en el macrosistema de seguridad junto a la seguridad pública y la seguridad comunal, que recoja la realidad actual en la definición, evaluación y categorización de los riesgos, entregue facultades y atribuciones a partir de la profesionalización y ponga los límites del actuar a partir de las responsabilidades.
¿Cuáles son las previsiones de Aseva en lo relativo a la reforma de la normativa de seguridad privada en Chile? ¿Cuándo creen que el sector podrá disfrutar de una ley acorde a los tiempos actuales?
El proyecto de Ley de Seguridad Privada es una de las prioridades del Gobierno, según el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien, además, se ha comprometido a enviar una serie de indicaciones que fortalecerán el texto. Hay consenso transversal de que este proyecto es importante. Hablamos de 180.000 guardias y vigilantes que son un aporte a la seguridad pública y la protección de las personas.
Pero para que el sector sea más efectivo se necesita una regulación robusta, una ley que establezca la responsabilidad y los rangos de acción de la seguridad de forma clara. Esperamos que la ley se promulgue antes de fin de año y contribuya a que el sector se modernice en su actuar sustancialmente.