A finales de 2020, los diputados mexicanos aprobaron facultar al Congreso de la Unión a expedir la nueva Ley General de Seguridad Privada. Y en mayo de 2021, de cara a facilitar sacar adelante la norma, la Comisión Permanente del Senado emitió una declaratoria de reforma constitucional. A partir de ese momento, el Congreso tenía un plazo de 180 días naturales para expedir la esperada ley, pero la misma aún no ha visto la luz.
¿La Ley General de Seguridad Privada se expedirá en el sexenio de AMLO?
En los últimos meses, asociaciones del sector y fuerzas políticas han reclamado que la nueva Ley General de Seguridad Privada sea una realidad cuanto antes. Con el objetivo de conocer la opinión de los profesionales de la seguridad al respecto, Segurilatam ha llevado a cabo un sondeo a través de su página en LinkedIn.
Una encuesta en la que ha preguntado: ¿Crees que la Ley General de Seguridad Privada será aprobada en México antes de que concluya el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)? Y en la que ha obtenido los siguientes resultados:
- Sí, es urgente que se apruebe (29%).
- Sí, aún hay tiempo (16%).
- No. Están tardando demasiado (23%).
- No. Será en otro sexenio (32%).
Ello quiere decir que el 55% de quienes han participado en el sondeo no es optimista y cree que la norma no se expedirá antes de que finalice el mandato de AMLO en octubre de 2024. Por el contrario, el 45% restante opina que la ley será una realidad durante el presente sexenio.
Los empresarios del sector reclaman un marco jurídico coherente y actualizado
Según recuerdan desde la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp), la actual Ley Federal de Seguridad Privada data de 2006 y contempla siete modalidades:
- Seguridad privada a personas.
- Seguridad privada en los bienes.
- Seguridad privada en el traslado de bienes o valores.
- Servicios de alarmas y de monitoreo electrónico.
- Seguridad de la información.
- Sistemas de prevención y responsabilidades.
- Actividad vinculada con servicios de seguridad privada.
Sin embargo, teniendo en cuenta las condiciones de inseguridad del país, las amenazas emergentes, el avance tecnológico y la profesionalización de los servicios de seguridad privada, los empresarios consideran que la norma ha perdido vigencia.
Asimismo, observan que, además de una ley federal obsoleta, deben cumplir lo establecido en 32 normas estatales contradictorias y en los reglamentos municipales. En este sentido, se han identificado hasta 500 puntos de conflicto en las diferentes normativas. Y ello ha provocado una excesiva regulación, trámites burocráticos, prácticas de corrupción y coerción hacia los empleados y empresarios del sector.
Por todo ello, Amesp reclama una Ley General de Seguridad Privada que establezca un marco jurídico coherente y actualizado que contribuya a prestar servicios de calidad y suponga un beneficio para quienes los contratan.
Archivado en:
