Alerta Ética, filial para Latinoamérica de Canal de Denuncias, firma española especializada en implantación de canales de denuncia en las empresas a través de su herramienta de gestión M2 Compliance, celebró, junto a la Universidad de Extremadura y la Universidad Católica de Colombia, dos seminarios sobre protección del denunciante en este último país: uno en Bogotá (21 de febrero) y otro en Medellín (22 de febrero). Encuentros que se saldaron con un gran éxito, ya que registraron aforo completo en la modalidad presencial y más de 2.000 conexiones en streaming.
Normativa sobre protección del denunciante y canales de denuncia
La decisión de realizar ambos eventos respondió al anuncio del ministro de Justicia y del Derecho colombiano, Néstor Osuna, a finales del año pasado, de radicar un proyecto de ley de protección del denunciante de corrupción. Además, Alerta Ética ha considerado idóneo establecerse en Bogotá para, desde allí, dar servicio a toda Latinoamérica.
Por un lado, los seminarios permitieron debatir sobre la Directiva (UE) 2019/1937 de protección del denunciante, la Ley 2/2023 de España –que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción– y la Ley 2195 colombiana sobre medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.
Y, por otro, en los eventos se abordaron los canales de denuncia, también conocidos como líneas éticas, como medida de control en el ámbito del compliance y las herramientas de gestión que aportan garantías y seguridad tanto para el denunciante como para la propia empresa.
Conclusiones de los seminarios celebrados en Bogotá y Medellín
Entre otras conclusiones, se destacó la importancia de ofrecer protección al informante para que se sienta seguro a la hora de denunciar, poner a su disposición líneas que garanticen su confidencialidad y anonimato, y fomentar la denuncia con incentivos o recompensas económicas.
Además de contribuir a la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica en caso de haberse cometido un delito en el seno de una empresa, los canales de denuncia aportan valor añadido en tres cuestiones esenciales:
- Evitan sanciones en jurisdicciones donde existe la exigencia legal de su implantación (en el caso de España, están obligadas las empresas de más de 49 empleados y todas las administraciones públicas. Y las sanciones por no disponer de ellos van de 600.000 a un millón de euros).
- Permiten a la empresa conocer internamente cualquier irregularidad y corregirla antes de que salga a la luz en medios públicos, evitando así el daño reputacional.
- Demuestra el compromiso de la empresa con una cultura ética, tanto internamente con sus empleados y directivos como externamente con terceros relacionados y la sociedad en general.
Una vez entra una denuncia por el canal y el responsable designado por la empresa entiende que merece ser tratada por informar sobre posibles actos delictivos o contravenir el código ético, se abre un expediente y deberá iniciarse una investigación interna cuyas conclusiones permitirán la comunicación a las autoridades si existe ilícito penal, la sanción al empleado o el cierre de la denuncia. Es importante informar a los empleados de la existencia de la línea ética, así como formarlos y sensibilizarlos sobre su correcto uso.
Ponentes de primer nivel de España y Colombia participaron en los eventos
Los seminarios sobre protección del denunciante contaron con magníficos ponentes de España y Colombia: Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de Colombia; Rafael Catalá, exministro de Justicia de España; Julián Sánchez Melgar y Teresa del Caso, magistrados del Tribunal Supremo español; Paula Andrea Ramírez, conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia; Jorge Rosado, de la Universidad de Extremadura; César Martín, socio de Alerta Ética; Jorge Edison Portocarrero, magistrado del Consejo de Estado colombiano; Jaime Camacho, exvicefiscal general encargado de Colombia; Alfonso Yepes, conjuez de la Sala de Casación Laboral de Colombia; Begoña de Luaces, Chief Legal & Compliance Officer del Grupo BC; Hugo Sutil, consultor de la firma Álvarez & Marsal; y Martha Nelly Rojas, presidenta del Comité Colombiano de Compliance Officer.
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