A nivel mundial, se estima que 736 millones de mujeres han padecido violencia física o sexual. Eso quiere decir que casi una de cada tres mujeres la ha sufrido, con un 30% de mujeres de 15 o más años entre las afectadas. En México, durante 2023 se contabilizaron 2.481 mujeres víctimas de homicidio doloso, 827 presuntos delitos de feminicidio y 848 presuntas víctimas de feminicidio. En total, se registraron 3.429 mujeres víctimas de una muerte violenta, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, la capacitación en policía de género se vuelve esencial en la lucha contra esta clase de violencia.
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Las cifras son preocupantes. Por ello, organizaciones como ONU Mujeres promueven soluciones en la justicia y prácticas que mejoren los servicios policiales en perspectiva de género. La Asociación Internacional de Mujeres Policías, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres creen firmemente en la necesidad de crear servicios de policía de género. Su propuesta incluye una visión de género integral en la que participen más mujeres que hombres y cuyo fin resida en el enfoque en las víctimas y supervivientes de la violencia de género.
Algunos países ya han educado a las y los agentes acerca del impacto de las normas y estereotipos de género que afectan a los delitos y a la victimización. De esta manera, buscan la integración de los principios de igualdad de género en el desarrollo profesional y la creación de marcos de atención en casos de violencia doméstica.
Capacitación en policía de género en el territorio mexicano
En México ya existen cuerpos de policía de género en varias poblaciones y estados como Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco. Además, se ha puesto en marcha a nivel federal el programa Misión Género: Mujeres, Paz y Seguridad. El Gobierno creó el programa en 2020 con el objetivo de ayudar en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Misión Género desarrolla campañas de capacitación, educación y sensibilización y ofrece atención médica, psicológica y jurídica a las víctimas. También fomenta sanciones a los culpables de la violencia, fortaleciendo el sistema de justicia.
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