México atraviesa un momento crítico en su historia reciente. Los altos índices de violencia y criminalidad, la presencia del crimen organizado en amplias regiones del país y la falta de un Estado de derecho efectivo han generado un ambiente de incertidumbre que afecta directamente a las empresas globales que operan infraestructuras críticas en México.
Desde la energía y las telecomunicaciones hasta el transporte y el agua, estas infraestructuras son fundamentales para el desarrollo económico de México y su estabilidad. Sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la falta de una estrategia clara de protección para estas infraestructuras ha dejado a operadores e inversionistas con serias dudas sobre la seguridad de sus activos.
Para aquellos que dirigen la seguridad de las empresas, esta situación plantea desafíos sin precedentes. A pesar de las promesas del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, la incertidumbre sigue presente. Este artículo busca ofrecer una visión clara de la realidad que enfrentan hoy los operadores de infraestructuras críticas en México y reflexionar sobre la necesidad urgente de implementar una estrategia de protección adecuada para brindar certidumbre a los inversionistas.
México: un país con desafíos de seguridad persistentes
El crimen organizado sigue siendo una amenaza dominante en México. Zonas clave del país, como Sinaloa, Michoacán y Guerrero, son epicentros de violencia que afectan no sólo a la población local, sino también a las empresas que operan infraestructuras estratégicas. El asesinato de figuras públicas, como el reciente caso del alcalde de Chilpancingo, es un claro reflejo de la inseguridad que permea en todo el país. Para las empresas globales que dependen de la estabilidad y el Estado de derecho, operar en un entorno tan volátil aumenta considerablemente los riesgos.
Durante el sexenio de AMLO, el país experimentó una crisis de seguridad sin precedentes. Aunque se implementaron algunas políticas sociales para atender las causas de la violencia, no se desarrolló una estrategia contundente para proteger las infraestructuras críticas en México. Este vacío ha dejado a sectores esenciales expuestos a riesgos como ciberataques, sabotajes, robos y fenómenos naturales que el cambio climático ha exacerbado. La falta de un plan de protección clara ha sido un factor clave que ha afectado la confianza de los inversionistas.
Inversionistas en duda: el impacto de las reformas constitucionales y el poder judicial
A la crisis de seguridad se suma la incertidumbre generada por las recientes reformas constitucionales impulsadas por el gobierno de AMLO y el actual proceso de modificación del poder judicial. Estas reformas han sido duramente cuestionadas por organismos nacionales e internacionales, y han erosionado la confianza de los inversionistas en México. La percepción de que el Estado de derecho se está debilitando ha generado temores de que los riesgos políticos y legales aumenten, lo que puede tener un impacto negativo en la inversión extranjera directa.
Para las empresas que operan infraestructuras críticas en México, esta desconfianza se traduce en mayor reticencia a expandir operaciones o invertir en nuevos proyectos. Sin una garantía de que el Gobierno podrá proteger estos activos de manera efectiva, los inversionistas consideran que el riesgo es demasiado alto.
Plan de seguridad de Sheinbaum: ¿falta una estrategia para infraestructuras críticas en México?
Recientemente, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado un plan de seguridad para abordar la violencia en el país. Sin embargo, en este plan no se percibe una estrategia clara para la protección de infraestructuras críticas en México, un tema que debería ser central en cualquier política de seguridad nacional.
Aunque Sheinbaum ha dialogado con inversionistas internacionales durante el encuentro US-Mexico CEO Dialogue celebrado el pasado 15 de octubre, donde se anunciaron inversiones por más de 20.000 millones de dólares, no se ha abordado la seguridad desde un enfoque integral que incluya la protección de estos activos estratégicos.
Si bien es positivo que el Gobierno busque mantener el diálogo con la comunidad empresarial, la falta de una estrategia específica para proteger las infraestructuras críticas podría ser un punto de vulnerabilidad. Las empresas globales que dependen de estas infraestructuras necesitan más que promesas: requieren acciones concretas que garanticen la seguridad de sus operaciones y minimicen los riesgos asociados con la inseguridad y la criminalidad.
Reflexiones: la urgente necesidad de un plan de protección de infraestructuras críticas
México no puede permitirse perder la confianza de los inversionistas. Para evitar que la falta de seguridad siga minando la inversión en sectores clave, es fundamental que el Gobierno desarrolle e implemente un plan de protección de infraestructuras críticas en México. Este plan debe ir más allá de las medidas reactivas y centrarse en la prevención, la resiliencia y la colaboración público-privada.
Un plan de protección integral enviaría un mensaje claro a la comunidad empresarial internacional: México está comprometido con la seguridad de sus activos estratégicos y dispuesto a crear un entorno estable para las inversiones. Esto fortalecería la seguridad nacional y contribuiría al crecimiento económico al generar un marco de certidumbre para los inversionistas.
Las infraestructuras críticas son el motor que impulsa el desarrollo de cualquier país. En México están bajo amenaza por la falta de una estrategia de protección adecuada y la creciente inseguridad. Para los directores de Seguridad que operan en este entorno, es esencial reconocer la gravedad de la situación y abogar por un cambio en la política de seguridad. El gobierno de Sheinbaum tiene la oportunidad de implementar un plan integral de protección de infraestructuras críticas que no sólo resguarde estos activos estratégicos, sino que, además, restablezca la confianza de los inversionistas en México. Sin esta protección, la estabilidad económica del país está en juego.
