En Colombia, el sector de la vigilancia y la seguridad privada enfrenta un reto que puede marcar profundamente el futuro de las empresas, de los trabajadores y de los clientes de la industria: la reforma laboral.
Mientras el mundo avanza con creaciones como el robot Tesla Optimus de Elon Musk, en Colombia se plantea un marco normativo que, lejos de alinearse con las transformaciones tecnológicas y económicas globales, perpetuaría un sistema laboral caracterizado por cerca de un 60% de informalidad y aproximadamente un 10% de desempleo.
Más costos para las empresas y aumento en las tarifas de los clientes
En 2021 se aprobó la ley que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas, sin disminuir el salario de los trabajadores. Este cambio incrementó el valor de la hora ordinaria de trabajo en un 14%, dado que el salario ahora se distribuye entre un menor número de horas laboradas.
Y la reforma laboral plantea modificar el horario nocturno empezando a las 7:00 PM y aumentar el valor del recargo por trabajo dominical y festivo al 100%, con lo que estimamos que el incremento en el valor base de la hora ordinaria, junto con los recargos propuestos, generará un impacto del 23% en los costos de las empresas y un aumento del 18,6% en la tarifa que deberán pagar los clientes.
Por ejemplo, un puesto de vigilancia operado 24/7 que en 2023 tenía un costo de $11.233.000 pesos al mes, podría alcanzar los $16.251.000 pesos incluyendo aumentos de salario mínimo moderados, un incremento muy alto de más de 5 millones de pesos en tres años.
La reforma laboral pone en riesgo a las empresas y los trabajadores
Sin duda, este aumento en la tarifa mínima cambiará el mercado de la seguridad privada en Colombia. Obligará a los clientes a buscar alternativas más económicas para reducir la vigilancia física, como la reducción de turnos de vigilancia, la implementación de sistemas de monitoreo remoto y sensores o incluso la contratación de servicios no autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), como conserjería o logística. Todo esto fomentando la informalidad y la competencia desleal en el sector y afectando directamente el empleo.
Muchas empresas perderán clientes y verán reducidos sus ingresos, limitando su capacidad de generar empleo formal. Según estimaciones del Banco de la República, esta reforma podría ocasionar la pérdida de 454.000 empleos formales en Colombia, de los cuales 18.000 corresponderían al sector de la seguridad privada, afectando directamente a miles de familias.
La reforma laboral impone un aumento significativo en los costos de las empresas del sector, lo que, paradójicamente, termina afectando de manera más grave a los trabajadores. Donde además se perpetúa un marco normativo rígido, desconectado de las dinámicas actuales que limita la capacidad de las empresas para adaptarse y generar empleo formal. En lugar de fomentar la formalización, la productividad y el crecimiento empresarial, la reforma laboral consolida barreras estructurales que reducen la competitividad, amplían la informalidad y precarizan aún más las condiciones laborales.
El sector requiere cambios normativos que no generen preocupación
El sector enfrenta la necesidad urgente de una reforma laboral que esté alineada con el futuro del trabajo y responda a las realidades del mercado laboral colombiano. Es imprescindible contar con un marco normativo que aborde las demandas actuales, facilite la adopción de tecnologías y modelos de trabajo modernos, y garantice la sostenibilidad y competitividad de la industria.
Sin embargo, la reforma laboral plantea cambios que generan preocupación en el sector, al proponer medidas que podrían comprometer la estabilidad de un servicio esencial para la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo del país, y afectar directamente el sustento de los 400.000 trabajadores que dependen de esta actividad.
