Las infraestructuras críticas son el soporte más importante de toda economía. México es un país con una ubicación privilegiada. Por lo tanto, es un candidato natural para ser la gran plataforma de logística y nodo de conexión de grandes economías como las de China, India, EEUU, Canadá y Europa y convertirse así en una de las economías emergentes de alto potencial.
En una sociedad avanzada, las infraestructuras críticas son los órganos vitales de cada nación. Los gobiernos juegan un papel de gran relevancia, ya que son ellos quienes deben estructurar un modelo adecuado a las características e intereses de cada país y establecer regulaciones para determinar cuáles son los tramos en materia de seguridad que deben asumirse por el Estado y cuáles por los particulares, cosa que en México no ha sucedido.
A pesar de que desde el inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se planteó en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 el desarrollo de grandes proyectos, por ser este un tema estratégico y prioritario, en materia de protección de infraestructuras los esfuerzos de los poderes ejecutivo y legislativo por construir un nuevo camino han sido escasos y, para las dimensiones del desafío, imperceptibles.
Un poco de historia
En México, las infraestructuras críticas son propiedad, en gran medida, del Estado. Se habla de más de 3.000 instalaciones catalogadas como críticas o estratégicas para el país. Al ser la mayoría propiedad del Estado, su vigilancia y protección deberían ser estrictamente responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional y de sus instituciones –Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y Policía Federal–. Y también por las organizaciones propietarias, quienes, a través de normas como la Ley de Seguridad Nacional o la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, están facultadas para ello.
A principios de 1994 surgió en México un movimiento rebelde conocido como el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este grupo armado tomó algunos poblados en el estado de Chiapas y perpetró ataques contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta situación dio pie a la creación de un grupo interinstitucional de alto nivel para la protección de instalaciones estratégicas conocido como Grupo de Coordinación de Instalaciones Estratégicas (GCIE), ubicado en la División de Inteligencia y, por lo tanto, dependiente de la Policía Federal y la Secretaría de Gobernación.
Teóricamente, el grupo está dirigido por el titular de la División e integrado por funcionarios de distintos organismos relacionados con la seguridad pública, la seguridad nacional, la procuración de justicia, la inteligencia civil y las organizaciones del Estado que gestionan instalaciones críticas: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Nacional del Agua, Petróleos Mexicanos y la citada CFE.
La creación de este grupo se previó en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quizás porque, ante la premura, no existía otro mecanismo. Por lo general, el GCIE realiza labores enfocadas a la prevención de ilícitos, en gran medida a través del uso de la inteligencia. Sin embargo, ha sido un grupo con nulo liderazgo que no ha sabido permear una visión de Estado. Y, además, carece de medios coercitivos para regular y/o establecer políticas y estrategias adecuadas en materia de prevención, profesionalización, resiliencia y las mejores prácticas para la vigilancia y la protección.
Es importante destacar que EEUU tiene 13 sectores estratégicos y considera un universo de más de 15.000 instalaciones críticas, además de contar con un mando claro, el Departamento de Seguridad Nacional, que, a su vez, cuenta con un plan nacional para la protección y resiliencia de dichas infraestructuras (públicas y privadas). Por el contrario, México posee un catálogo obsoleto, con sólo 3.000 instalaciones pertenecientes a seis sectores y, lamentablemente, sin un mando o estrategia determinada.
Vulnerabilidades
Al no contar el país con un organismo rector para la protección de infraestructuras críticas, los gobiernos de los tres niveles y sus infraestructuras se han visto rodeados de decisiones y estrategias, orientadas a la seguridad, poco útiles y en ocasiones ociosas, y que, por consiguiente, resultan inservibles para contrarrestar cualquier amenaza. Según Sun Tzu, general, estratega militar y filósofo de la antigua China, “las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota”. Lamentablemente, esto es el reflejo de nuestro México, y sus sectores productivos como el energético, y el penoso fenómeno del huachicol.
Nuevas prácticas
Hoy urge que México dé un paso hacia la modernidad en cuestión de protección de infraestructuras críticas. Si el Gobierno no es capaz de garantizar el estado de derecho en muchas de las regiones del país, al menos debería promover acciones que den pie a la creación de una comunidad y el fortalecimiento de la misma.
Se sugiere tener una instancia que construya una cultura en protección de infraestructuras críticas o estratégicas y que, entre otras cuestiones, desarrolle y ejecute políticas y normas. Las mismas deberían contemplar acciones como:
- El desarrollo de estrategias de cooperación a nivel sectorial, nacional e internacional.
- La creación de un catálogo actualizado de infraestructuras públicas y privadas con una adecuada clasificación y un seguimiento periódico de las mismas.
- La elaboración de guías y estándares para la protección de las infraestructuras.
- La promoción del conocimiento de buenas prácticas y metodologías de protección.
- El fomento de la profesionalización de cuadros.
- El impulso de una regulación clara, moderna y acorde a la realidad del país.
- La creación de una comunidad de protección de infraestructuras que contemple un sistema de información.
