La Comisión Permanente del Senado de México ha emitido una declaratoria de reforma constitucional que permitirá sacar adelante la nueva y esperada Ley General de Seguridad Privada. La norma será realidad una vez que se ha aprobado la adición de una fracción (XIII Bis) al artículo 73 de la Constitución Política. Con esta declaratoria, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días naturales para expedir la norma.
Ley General de Seguridad Privada: objetivos
A través de la nueva Ley General de Seguridad Privada se establecerán las reglas mínimas de coordinación nacional entre los prestadores de seguridad privada y la seguridad pública. De igual modo, la norma precisará quién será la autoridad que tendrá a su cargo la autorización y regulación de las empresas y profesionales del sector en todo el territorio nacional.
Asimismo, la ley facilitará combatir la aparición de aquellas empresas que no cuenten con los permisos necesarios para prestar servicio. Al respecto, en México existen en torno a 6.000 empresas que se dedican a la prestación de servicios de seguridad privada y se estima que unas 1.500 no cuentan con la autorización correspondiente.
Amplio respaldo de los congresos estatales
El anuncio de la emisión de la declaratoria fue realizado por Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado. Según el senador, 20 congresos han aprobado la reforma constitucional, lo cual faculta al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Seguridad Privada y establecer así las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de este tipo de servicios en el territorio nacional.
Una vez aprobada, la ley verá cumplido el deseo de organizaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp) o Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (Asume). Desde hace años, ambas entidades han demandado la aprobación de una normativa que regule el sector a nivel federal.
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