Con el objetivo de reforzar la ciberseguridad y combatir la ciberdelincuencia, el Senado mexicano, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, ha solicitado que el país se adhiera al Convenio sobre Ciberdelincuencia europeo, y su protocolo adicional, y aplique sus disposiciones.
Dicha petición ha sido transmitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), a la que también ha demandado que promueva, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la creación de un instrumento de cooperación y coordinación en materia de ciberdelincuencia.
Cooperación: acciones de suma importancia
Ante una legislación con deficiencias, la senadora Gabriela Benavides Cobos ha observado que se trata de acciones de suma importancia para ponerle freno a una ciberdelincuencia que ha aumentado durante la pandemia. “Nuestro país no cuenta con una ley que permita combatir los ilícitos, por lo que la adhesión al Convenio sobre Ciberdelincuencia será un canal importante de cooperación para el desarrollo de la política jurídica de México contra estos nuevos delitos”, ha explicado.
En la misma línea, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano ha añadido que “México debe estar conectado con otros países para tomar las acciones pertinentes que permitan proteger a los ciudadanos”.
¿Qué es el Convenio sobre Ciberdelincuencia?
Firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001, el Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa es un tratado internacional que persigue hacer frente a los delitos en la Red mediante la armonización de leyes entre naciones, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre los países firmantes.
El también conocido como Convenio de Budapest agrupa los siguientes delitos y define los tipos penales que han de considerarse para cada uno de ellos:
- Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos.
- Delitos informáticos.
- Delitos relacionados con el contenido.
- Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines.
Con posterioridad a la firma del convenio entró en vigor un protocolo adicional para criminalizar los actos de racismo y xenofobia a través de los sistemas informáticos.
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