Según Diego Molano Aponte, ministro de Defensa Nacional de Colombia, “hoy no hay un solo soldado o policía que no haya recibido instrucción rigurosa sobre lo que debe ser su compromiso en el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH)”.
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“Tolerancia cero” con la violación de los derechos humanos
El titular de la Defensa Nacional realizó estas manifestaciones durante la presentación del informe Derechos Humanos y Fuerza Pública 2021, el primero de estas características realizado por el sector de la Defensa colombiano. Dicho documento aborda las capacidades y los logros de la fuerza pública del país. Y también los avances materializados en la capacitación de derechos humanos y las medidas administrativas para mantener la disciplina y el respeto por ellos y el DIH.
En este sentido, el ministro Diego Molano Aponte observó que se tiene “tolerancia cero” con la violación de los derechos humanos. Y que frente a las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en el contexto de las movilizaciones sociales de 2021, la Policía Nacional ha realizado más de 200 indagaciones. Además, se han impuesto sanciones disciplinarias y atendido alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
Durante su comparecencia, el ministro resaltó la presencia de la fuerza pública en todos los rincones de la nación, así como su papel para neutralizar a criminales como Otoniel. “He sido testigo de cómo las Fuerzas Militares y la Policía Nacional son las principales defensoras de los derechos humanos en Colombia. Su presencia en cada territorio del país es garantía de respeto a los derechos de las comunidades”, enfatizó.
EEUU entrega ocho millones de dólares a la Policía Nacional
Por otra parte, Estados Unidos ha anunciado que entregará ocho millones de dólares a la Policía Nacional de Colombia. Dicha partida económica estará destinada a capacitar en derechos humanos a los efectivos del cuerpo, evitar eventuales abusos contra la ciudadanía y fortalecer la lucha contra la corrupción, anunció Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EEUU, en Bogotá.
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