La seguridad pública vela por el desarrollo y el bienestar de la población. Para ello, los Estados se valen de cuatro instituciones que cumplen un rol fundamental: la policía, la fiscalía, el poder judicial y el sistema penitenciario; sin olvidar, claro está, los esfuerzos de disuasión y prevención a cargo de los máximos dirigentes regionales y locales en algunos países. Y todo ello, para proteger la seguridad física de los ciudadanos y sus bienes.
Pero no olvidemos que la seguridad ciudadana es tarea de todos y, en este sentido, los ciudadanos no debemos ser ajenos al rol que nos toca. En la actualidad, Latinoamérica sufre un aumento sostenido de violencia y de delitos. Hablamos de violencia extrema asociada al narcotráfico, como es el caso de México y otros países, de violencia criminal juvenil o de violencia en el seno de las familias, por citar algunos tipos. Y en esta problemática hay diferencias en función del enclave: no es igual lo que sucede en Trujillo (Perú) que lo que ocurre en Ciudad Juárez (México). Sin embargo, analizando las causas vemos que son muy parecidas.
Cultura de prevención
Las actividades del crimen organizado, y sus efectos nocivos sobre la sociedad, constituyen uno de los principales factores de riesgo para el mantenimiento de la seguridad pública. En la mayoría de los países de la región se carece de políticas de Estado adecuadas y que estén articuladas entre las instituciones que velan por la seguridad ciudadana. En la práctica, lo que sucede es que las diversas estrategias y diseños no tienen sostenibilidad en el tiempo, no hay un seguimiento y control que permitan hacerlas viables.
Con este artículo no trato de alarmar, sino de alertar a la ciudadanía de la importancia de asumir una cultura de prevención como norma de vida en todos los ámbitos de la ciudad, empezando, sin duda, por nuestros propios hogares. Hoy, la tecnología nos permite contar con una serie de equipos, sistemas, elementos y servicios de seguridad preventiva. No importa si vivimos en Lima, Caracas, México DF, Buenos Aires o Río de Janeiro. En el sentido de la vulnerabilidad que perciben los ciudadanos, ante una delincuencia cada vez más violenta, es donde se nota el divorcio que hay entre el Estado y la sociedad.
Diversas encuestas y estudios ponen de relieve que esa brecha entre la percepción y la realidad de la inseguridad en una ciudad se está acortando. Además, muestran la magnitud de distintos tipos de violencia, ya sea doméstica, social, comunitaria o política. Los resultados siguen siendo negativos: la violencia y el delito siguen avanzando.
¿Qué proponemos?
Por todo lo expuesto, desde APROSEC realizamos las siguientes propuestas:
- Reintegrar a la sociedad en su conjunto en el respeto a las normas, las leyes y los derechos humanos por medio de una campaña intensa, masiva e integral de fomento a la cultura de la legalidad y la prevención. La desintegración social crea espacios de oportunidad e incentivos para la inseguridad, la delincuencia y la violencia. Pero dicha campaña haría lo contrario porque cohesionaría a la sociedad en torno a valores de respeto y solidaridad. Debería involucrar de manera organizada y corresponsable, al menos, a las autoridades de las ciudades, el sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad civil.
- Superar la falsa disyuntiva entre la eficacia en la aplicación de la ley y el respeto a los derechos humanos por medio de la implementación de sistemas modernos de rendición de cuentas.
- Superar el espejismo del endurecimiento penal y dirigir la presión social hacia la eficacia de las autoridades mediante la creación de informes mensuales de resultados contra la delincuencia y la violencia, accesibles al público y presentados por los medios de comunicación en los horarios de mayor audiencia. Además, insistimos en la creación de un Observatorio del Crimen que centralice toda la información de diversas instituciones y así poder tener un panorama real de lo que ocurre en un país en materia de inseguridad ciudadana.
- Reintegrar a la policía preventiva en la sociedad a través de la adopción prioritaria, por parte de todas las instituciones policiales uniformadas, de programas de prevención comunitaria del delito y hacer de las comisarías verdaderos centros de apoyo al ciudadano.
- Incrementar la calidad del desempeño policial mediante la creación de monitores independientes especializados. El factor más importante que ha permitido la descomposición de la policía es que opera en la oscuridad. La sociedad tiene un acceso mínimo o nulo a su vida interna, lo que ha creado oportunidades para todo tipo de desviaciones. La transformación de la policía es mucho más posible si es supervisada y apoyada desde instancias externas, a las cuales se les otorgan facultades legales plenas para observar su vida interna y emitir recomendaciones de cara a la sociedad. Este tipo de monitores han adoptado diversas formas fuera de nuestras fronteras y su éxito está demostrado.
- Proteger a los agentes policiales mediante la repotenciación del ombudsman del policía.
- Reorganizar de manera integral la gestión de las instituciones responsables de la seguridad pública y la justicia penal por medio de la adopción de indicadores de desempeño moderno y público.
- Vencer la inercia ciudadana hacia la tolerancia y exigir medidas autoritarias contra la violencia y el delito por medio de campañas de información sobre sus efectos en contra de la propia sociedad y acerca de la existencia de propuestas democráticas exitosas contra la inseguridad. La sociedad no confía en las instituciones responsables de la seguridad pública, la justicia penal o el sistema penitenciario.
- Someter a revisión los criterios de reserva de información con respecto a la seguridad pública, adoptados tanto en las normas como por las instituciones responsables de la misma, bajo el nuevo sistema de acceso a la información pública, de manera que dichos criterios no sean utilizados para impedir el escrutinio legítimo por parte de los ciudadanos.
La responsabilidad primaria de la seguridad pública recae sobre los tres poderes del Estado. En conclusión, sucede que el problema de inseguridad ciudadana es tratado sectorialmente y con poca o nula articulación por parte de las instituciones responsables. Por ello, las políticas de seguridad no tienen un enfoque integral. Hay una carencia de liderazgo adecuado por parte de los Estados, la seguridad pública, los sistemas de justicia y los sistemas penitenciarios. En la percepción de los ciudadanos, su actuación deja mucho que desear.
Finalmente, los políticos tienen que entender que la violencia y la delincuencia son fenómenos sociales que no se pueden erradicar, que reducir el número y frecuencia de los delitos es un objetivo a medio y largo plazo y que se logrará con mucho esfuerzo y trabajo articulado e integral.
