La aprobación de la nueva Ley General de Seguridad Privada es uno de los grandes asuntos pendientes de los legisladores mexicanos. Así lo afirmó Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), en el transcurso de la asamblea nacional que tuvo lugar, durante cuatro días, en Tijuana.
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La nueva Ley General de Seguridad Privada, en ‘stand by’ desde 2021
En la ciudad del estado de Baja California, Bernal Gómez afirmó que una nueva Ley General de Seguridad Privada reforzaría la seguridad en México, garantizaría la integridad de los ciudadanos y fomentaría un entorno seguro para el crecimiento y la inversión. Y el hecho de que no haya sido aprobada aún ha generado inquietudes y obstáculos en el desarrollo del sector y ha tenido un impacto negativo en la sociedad mexicana.
Asimismo, el presidente de AMESP recordó que la actual ley, aprobada hace 18 años, se ha quedado obsoleta y no se adapta a las necesidades y avances tecnológicos actuales. Por ello, instó al Congreso de la Unión y a los legisladores a comprometerse con el bienestar del país mediante una nueva norma que proporcione una mayor certeza a los usuarios y un marco más adecuado para la actuación de las empresas del sector. De esta forma, argumentó, se mejorarán los estándares de seguridad de las familias, las empresas y las infraestructuras.
En México, el proceso de expedición de la nueva Ley General de Seguridad Privada lleva paralizado desde 2021. Y, sobre su aprobación, el 55% de los profesionales consultados por Segurilatam opina que habrá que esperar a un próximo sexenio presidencial para que la norma salga adelante.
AMESP apoya el desarrollo del ‘nearshoring’ en Tijuana y la región fronteriza
Legislación al margen, en la asamblea nacional de AMESP se abordaron otras temáticas como el emergente nearshoring. En este sentido, se destacó que Tijuana se ha convertido en un importante centro de inversión, manufactura y comercio.
Al respecto, Gabriel Bernal Gómez señaló que dicha actividad va a generar entre 15.000 y 20.000 empleos en sectores como la construcción, la manufactura y el comercio internacional. Y propiciará un aumento de la demanda de servicios de seguridad privada. Por ello, manifestó que la asociación está comprometida a respaldar la protección de inversiones y el desarrollo del nearshoring tanto en Tijuana como en la región fronteriza.
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