Con el objetivo de armonizar y homologar la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los prestadores de servicios de seguridad privada en México, el Congreso del Estado de Chihuahua ha instado al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Seguridad Privada.
Al respecto, el diputado Edgar Piñón ha recordado que en el país existen en torno a 6.000 empresas, con una fuerza laboral de 500.000 personas, aproximadamente, que se dedican a la prestación de servicios de seguridad privada. Sin embargo, más de 1.500 empresas carecen de los permisos necesarios para desempeñar su labor.
Por su parte, la diputada Georgina Zapata Lucero ha observado que el sector, debido a su papel de coadyuvante, tiene la función de auxiliar a la seguridad pública. De ahí que sea fundamental disponer de una legislación actualizada.
La Ley General de Seguridad Privada, en periodo de análisis
En mayo de 2021, tras aprobarse la adición de una fracción (XIII Bis) al artículo 73 de la Constitución Política de México, el Senado dio luz verde a la Ley General de Seguridad Privada. Con dicha declaratoria, el Congreso de la Unión tenía un plazo de 180 días naturales para expedir la norma. Sin embargo, la misma no ha sido aprobada aún.
Sobre dicho retraso, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), manifestó en julio del año pasado que la norma se estaba analizando “para ser concretada y cerrar la puerta a la mala utilización de las empresas del sector”.
Un mes antes, Alicia Medina Hernández, diputada del Congreso de la Ciudad de México, solicitaba la aprobación de la ley. Y, posteriormente, diferentes portavoces empresariales hacían lo propio. En el caso de Armando Zúñiga Salinas, en representación de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (Asume), reclamaba a legisladores y autoridades que avanzasen en la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada a través de un artículo publicado en El Financiero.
Por su parte, David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), declaraba a Segurilatam que era urgente expedir la norma, pues la misma “dará coherencia a la industria de la seguridad”. Y también en manifestaciones a nuestro medio, Ignacio Baca Torres, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB), veía “cierta resistencia” por parte de los legisladores para sacar adelante la ley.
¿Cuáles son los objetivos de la nueva norma de seguridad privada?
Como ya ha informado Segurilatam, mediante la nueva Ley General de Seguridad Privada se pretenden cumplir, entre otros, los siguientes objetivos:
- Establecer unas reglas mínimas de coordinación nacional entre los prestadores de seguridad privada y los representantes de la seguridad pública.
- Determinar quién será la autoridad encargada de autorizar y regular las empresas y trabajadores del sector en todo el territorio mexicano.
- Impedir que las empresas que carezcan de los permisos necesarios presten servicios de seguridad privada.
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