El comisario Jacobo Bello Joya, titular de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue uno de los ponentes del panel Modelos de ciberseguridad y gestión de incidentes en México que se llevó a cabo en el II Congreso Mexicano de Protección de Infraestructuras Críticas (PIC) organizado por Segurilatam.
Investigación y servicios proactivos
La intervención del comisario se centró en la detección y respuesta a incidentes en infraestructuras críticas. Para ello, el comisario comenzó haciendo una breve introducción sobre la policía cibernética mexicana, la cual se encarga de “la investigación de delitos cibernéticos”, así como de la puesta en marcha de “servicios proactivos de prevención y concienciación”.
En otras palabras, explicó, “fomentamos la economía digital, la ciberseguridad ciudadana, en la infancia y de género, y también el civismo digital”, afirmó. Prueba de ello fue la organización de eventos el año pasado como la 6ª Semana Nacional de la Ciberseguridad, que tuvo más de cinco millones de visualizaciones, o la campaña de antifraude cibernético, con 90 millones de visualizaciones en todo el país.
Junto a ello también tienen en marcha un número de atención ciudadana en materia de ciberseguridad cuyas consultas se han incrementado en los últimos meses. “Entre 2018 y 2019 recibimos unas 1.200 llamadas al mes. Hoy en día rondan las 2.500 o 3.000. Esto es una prueba de que los ciberdelincuentes han seguido actuando durante la pandemia”. No en vano, entre enero y noviembre de 2020 detectaron 110.000 infecciones por código malicioso, 300 vulnerabilidades a infraestructuras tecnológicas y más de 1.000 ataques DDoS”, reveló el comisario.
Protocolo de gestión de incidentes
Por eso, hace unos meses impulsaron el Protocolo Nacional Homologado de Gestión de Incidentes Cibernéticos, en el que están trabajando actualmente. “Es un protocolo de actuación que involucra al sector público y privado con el objetivo de hacer el país más resiliente desde el punto de vista de la ciberseguridad. Y también para incrementar las medidas de gestión de riesgos y contribuir a garantizar una estabilidad económica, política y social”, precisó.
La idea es contar con una versión final del protocolo en los primeros meses de 2021. A esto, además, se va a sumar una página web que pretende convertirse en “un punto de contacto en la gestión de incidentes con ciudadanos, sector privado, entidades federativas y gobierno federal. Y, sobre todo, ser un instrumento para la compartición de alertas”, detalló el comisario Jacobo Bello Joya.
Archivado en:
