La Asamblea Nacional del Ecuador ha aprobado el proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. El mismo es conferido a los integrantes de los cuerpos policiales, el Ejército y la seguridad penitenciaria con el objetivo de proteger los derechos, libertades y garantías constitucionales. Y también para prevenir y poner los medios necesarios de cara a garantizar el derecho a la seguridad integral de los ciudadanos.
Te puede interesar: Cárceles de Ecuador: la ONU exige medidas para reducir la violencia
Objetivos de la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza
A través del proyecto de ley se pretende normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza como potestad del Estado ejercido a través de los servidores policiales, las Fuerzas Armadas y los custodios penitenciarios. Concretamente, la norma:
- Determina sus derechos y obligaciones.
- Asimismo, establece el deber de prevención y protección en relación al uso legítimo de la fuerza en situaciones en las que estén involucrados, o puedan estarlo, niños, adolescentes y otros colectivos de atención prioritaria.
- Del mismo modo, regula contextos y circunstancias específicas en que los servidores regulados por la ley pueden hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza.
- También norma los procedimientos y requisitos de los informes que se deben presentar en estos casos.
- Y decreta el marco de regulación para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los servidores sujetos a la ley.
Observaciones para mejorar y precisar el texto legal
Durante el debate, los asambleístas formularon observaciones encaminadas a mejorar y precisar el texto legal. De manera especial, en lo referente a la protección del derecho a la protesta social pacífica. Por ello, se solicitó que se excluyera del texto lo relacionado con el control de las manifestaciones.
Al respecto, el asambleísta Ramiro Narváez observó que la ley no autoriza el uso de la fuerza para sofocar las manifestaciones pacíficas. Así, garantiza el derecho a la resistencia y la protesta. Y prohíbe el uso de armas letales en este tipo de reuniones públicas para salvaguardar la integridad de las personas.
Igualmente, los legisladores destacaron la necesidad de aprobar políticas de Estado, en materia de respeto de los derechos humanos de los ciudadanos, para preparar adecuadamente a los efectivos policiales y militares en el uso progresivo de la fuerza.
Archivado en: