La seguridad privada necesita una regulación robusta con urgencia. Este fue uno de los mensajes que Hugo Ibaceta, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transportes de Valores (Aseva), transmitió a la Comisión de Seguridad Pública del Senado chileno que retomó, después de nueve años, la discusión del proyecto de ley de Seguridad Privada.
Aseva: el sector carece de una regulación apropiada
Durante la sesión, el presidente de Aseva puso en evidencia la importancia del sector que representa. Al respecto, explicó que en Chile hay más de 180.000 guardias y vigilantes privados, una cifra que triplica la dotación actual de Carabineros. Además, en torno a 350.000 hogares cuentan con un sistema de alarma monitoreado por una empresa de seguridad. Y ocho de cada 10 locales o centros comerciales están resguardados por la industria de la seguridad privada.
Sin embargo, esta última, observó Ibaceta, carece de una regulación apropiada. “En la actualidad, los guardias y vigilantes no disponen de las herramientas necesarias para enfrentar a bandas delictuales cada vez más organizadas, con alto poder de fuego y dispuestas a todo para delinquir”, advirtió el presidente de la asociación.
De igual manera, Hugo Ibaceta denunció que “el proceso de acreditación a cargo del OS10 de Carabineros se demora hasta seis meses. Ello está impidiendo que las empresas puedan responder a la demanda creciente de servicios de seguridad privada que existe en distintos rubros a nivel nacional. Estimamos que solamente el 48% de los guardias posee acreditación actualizada. El resto tiene su credencial vencida o aún no cuenta con ella”, precisó el representante de Aseva.
Consenso: es necesaria una normativa actualizada
Hoy en día, el sector de la seguridad privada chileno opera basándose en directivas de funcionamiento dadas por Carabineros, con pocas atribuciones y un marco de acción muy limitado.
Ante este panorama, en la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado hubo consenso sobre la urgencia de legislar y aprobar un nuevo marco normativo robusto y actualizado. Y que, además de regular las actuaciones de la seguridad privada, contemple asuntos como la capacitación de sus profesionales en función del tipo de tarea a realizar.
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