Cada año, el 2 de noviembre se celebra el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas. Coincidiendo con esta fecha, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha requerido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la creación de una convención dedicada a la seguridad de los periodistas.
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La seguridad de los periodistas peligra en los mundos real y virtual
Para la FIP, el plan de acción de la ONU sobre la seguridad de los periodistas, a pesar de sus valiosas intenciones, no ha posibilitado ofrecer un entorno libre y seguro a este colectivo. Tanto es así que los periodistas continúan siendo atacados, golpeados, detenidos, hostigados y amenazados por hacer su trabajo.
Buena muestra de ello es que en 2022 se han registrado numerosos asesinatos de periodistas o colaboradores: 59, a tenor de los datos de la FIP, y 50 según Reporteros sin Fronteras. Además, esta última organización denuncia que, actualmente, 508 periodistas y 21 colaboradores de medios se encuentran encarcelados.
A todo ello debe sumarse la seguridad de los periodistas en Internet. Al respecto, desde la FIP advierten que las continuas amenazas a la seguridad digital de los informadores, incluyendo ciberataques, robo de datos, piratería informática y acoso en línea, ponen en peligro al colectivo. En este sentido, cabe destacar, como ya informó Segurilatam, que la Global Cyber Alliance (GCA) ofrece un kit de herramientas de ciberseguridad gratuito para periodistas.
Un marco jurídico consolidado para proteger a los informadores
Ante dicho panorama, Dominique Pradalié, presidenta de la FIP, ha señalado que los profesionales de los medios de comunicación carecen de “un instrumento legal vinculante que obligue a los Estados miembros de la ONU a investigar y responder a los ataques contra periodistas”.
Por todo ello, la federación exige una convención cuyo proyecto “ofrece un marco jurídico consolidado para la protección de los periodistas al codificar las obligaciones de la jurisprudencia en forma de tratado y sustituyendo múltiples fuentes jurídicas por un instrumento completo y accesible”, ha señalado Carmen Dragichi, encargada de redactar el documento.
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