El pasado 26 de noviembre, coincidiendo con la festividad del sector, el presidente Iván Duque mostró su apoyo a la seguridad privada de Colombia con la firma de tres decretos. Los mismos beneficiarán a los cerca de 400.000 vigilantes –y sus familias– que prestan servicio en el país, así como a las empresas del gremio.
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Seguro de vida
En el caso del primer decreto, está relacionado con la Ley 1920 de 2018 –conocida como la Ley del Vigilante–. Y obliga a todas las empresas de seguridad privada de Colombia a otorgar un seguro de vida colectivo que ampare al personal operativo de su organización durante las 24 horas del día.
Según destacó el presidente colombiano, “el vigilante está jugándose la vida todos los días y a veces no pensamos en eso. Todo el personal que integra la seguridad privada está expuesto a alguna situación de inseguridad. El seguro de vida lo prometí hace cuatro años y para mí es un agrado firmar este decreto para que los vigilantes tengan esa protección a su integridad y para sus familias”.
Licitaciones públicas
En cuanto al segundo decreto, brinda incentivos en las licitaciones públicas para las empresas o cooperativas de seguridad privada de Colombia con mujeres y hombres mayores de 45 años y personal en condición de discapacidad. “Con este decreto, el sector será más dinámico, profesional y empresarial. Hoy, el gremio está en igualdad de condiciones para presentarse a los procesos de licitaciones públicas”, observó el mandatario.
Exámenes psicofísicos
Y por lo que respecta al tercer decreto, autoriza a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) a practicar los exámenes psicofísicos para el uso y porte de armas.
De igual manera, Iván Duque se refirió a la promesa cumplida de extender la renovación de las licencias de operación de las empresas a 10 años.
Actualmente, el sector de la vigilancia y seguridad privada de Colombia está conformado por más de 10.000 empresas vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia). El gremio da empleo a más de 600.000 trabajadores de forma directa y representa el 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
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