En mayo de 2021, el Senado de México emitió una declaratoria de reforma constitucional para sacar adelante la nueva Ley General de Seguridad Privada. Y dejaba el proceso en manos del Congreso de la Unión, que tenía un plazo de 180 días naturales para expedir la norma. Sin embargo, más de un año después, la misma no ha visto la luz.
El Congreso de la CDMX y Concamin instan a expedir la ley
Dicha situación ha provocado que políticos y empresarios conminen al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Seguridad Privada. En el caso del Congreso de la Ciudad de México, la diputada Alicia Medina Hernández ha destacado la importancia de contar cuanto antes con la nueva norma.
“Es de lógica pura que el Congreso de la Ciudad de México se encuentra impedido jurídicamente para reformar la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal hasta que no sea expedida la nueva norma general de ámbito nacional”, ha señalado Medina Hernández.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) también ha instado al Congreso de la Unión a expedir la ley. Sobre la importancia del sector de la seguridad privada en México, José Antonio Abugaber Andonie, presidente de Concamin, ha señalado que emplea a más de 600.000 trabajadores y representa, aproximadamente, el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.
Objetivos de la nueva norma de seguridad privada nacional
Con la nueva Ley General de Seguridad Privada de ámbito federal se busca establecer las reglas mínimas y la distribución de competencias en torno a la prestación de los servicios de seguridad privada en México.
Así, la norma establecerá la coordinación nacional entre los prestadores de seguridad privada y la seguridad pública. De igual manera, establecerá qué autoridad tendrá a su cargo la autorización y regulación del sector en todo el país. Y facilitará combatir a las empresas que operen de forma irregular.
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