El pasado mes de mayo, tal y como informó Segurilatam, el Senado mexicano dio luz verde a la nueva Ley General de Seguridad Privada. Una norma que, según Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), se prevé sea presentada en el Congreso de la Unión a finales del próximo mes de agosto.
Objetivo: acabar con las empresas ‘patito’
Con la Ley General de Seguridad Privada, ha señalado Sapién Santos, “se regularán unas 3.500 empresas de seguridad privada que operan clandestinamente en México, así como las policías auxiliares de los estados”. A tenor de los datos que maneja la CNSP, su presidente ha precisado que, en la actualidad, más del 56% de las empresas del sector opera fuera de la ley. Y al no pagar impuestos ni cuotas patronales, causa pérdidas millonarias para el Estado.
Pero el impacto que generan estas empresas no es solo económico. Además, observa Raúl Sapién Santos, tiene un efecto cascada. Y ello es así porque no brindan beneficios laborales a sus elementos ni los capacitan, lo cual se traduce en la prestación de servicios de seguridad privada de baja calidad.
Dicha situación provoca que los guardas de seguridad que operan en esas condiciones no cumplan requisitos legales como aportar una carta de antecedentes no penales o registrarse ante la dirección general de seguridad privada que corresponda. Y aumenta el riesgo de que puedan aliarse con la delincuencia organizada para cometer delitos.
Ley General de Seguridad Privada: reacciones
En cuanto a qué supondrá la entrada en vigor de la nueva Ley General de Seguridad Privada, el capitán Salvador López Contreras, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp), ha manifestado que “la norma reforzará la imagen del sector”. En declaraciones a Segurilatam, López Contreras ha expresado su deseo de que la ley sea un instrumento útil para combatir a las empresas que no cuentan con los permisos necesarios para prestar servicios de seguridad privada.
Por su parte, Armando Zúñiga Salinas, coordinador de Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (Asume), ha señalado que “la nueva ley beneficiará a todos los profesionales de la seguridad privada y sus clientes. Y, de igual modo, contribuirá a que fuera de nuestro país vean un sector fortalecido y regulado por una norma seria y moderna”.
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