Tras aprobarse el proyecto de Ley de Seguridad Privada que regulará los servicios de vigilancia en México, la Cámara de Diputados remitió el mismo al Senado de la República. Este último, a través de un comunicado, ha anunciado que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos serán las encargadas de analizar la reforma del artículo 73 de la Constitución Política. Este es un requisito indispensable para que el Congreso de la Unión pueda expedir una Ley de Seguridad Privada de ámbito federal.
Principales objetivos
El proyecto revisado por dichas comisiones buscará homologar criterios, requisitos, mecanismos de control y vigilancia. Uno de los principales planteamientos de la propuesta es determinar quién será la autoridad que tendrá a su cargo la autorización y regulación de las empresas del sector en todo el territorio mexicano.
Y también evitar la aparición de las denominadas empresas patito, carentes de los permisos necesarios para prestar servicios de seguridad privada. Al respecto, se estima que en México operan unas 6.000 compañías, de las cuales 1.500 carecen de la correspondiente autorización.
Asimismo, con la norma se pretende establecer las reglas mínimas de coordinación entre los prestadores de seguridad privada y la seguridad pública, agrupando esta última a las autoridades federales, estatales y municipales. En este sentido, se busca definir las medidas que se aplicarán en los trabajos conjuntos realizados en situaciones de emergencia y desastre.
Norma consensuada
Tal y como informó Segurilatam en diciembre de 2020, el Pleno de la Cámara de los Diputados aprobó un dictamen que adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley de Seguridad Privada de ámbito federal. Una norma que ha tenido en cuenta las opiniones de especialistas, servidores públicos, empresarios del ramo y los legisladores de las bancadas representadas en la Cámara.
De aprobarse, la ley cumplirá el deseo de organizaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (Amesp) o Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México Estable (Asume), entidades que vienen demandando la aprobación de una nueva normativa que regule el sector a nivel federal.
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