A medida que nuestra región abraza la transformación digital en sectores críticos como la banca, la salud, la energía, la logística, las telecomunicaciones y los servicios públicos, la urgencia de proteger estas infraestructuras de las crecientes amenazas de ciberseguridad se hace cada vez mayor.
Este artículo busca establecer el tono para nuestra misión como profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación: proporcionar información, crear conciencia y promover estrategias prácticas que fortalezcan la ciberresiliencia en nuestros sectores.
Al examinar los desafíos actuales en legislación, concienciación, tecnología, financiamiento y responsabilidad, comenzamos una conversación crucial que tiene como objetivo empoderar a las partes interesadas y dar forma a un futuro digital más seguro para nuestra región.
En un mundo cada vez más digitalizado, la resiliencia de la infraestructura crítica se ha convertido en sinónimo de competitividad, crecimiento económico y seguridad nacional. Centroamérica representa una zona de oportunidades estratégicas para el desarrollo sostenible, la transición energética, la logística global y la innovación social; y como tal, enfrenta una creciente ola de ciberamenazas que apuntan a sus activos más vitales. Aunque la región ha avanzado en la adopción de procesos digitales, los marcos de ciberseguridad que deberían proteger estas infraestructuras siguen siendo fragmentados, insuficientemente financiados y con baja prioridad.
Legislación de ciberseguridad
Una legislación robusta en ciberseguridad es la base de cualquier estrategia nacional de defensa resiliente. En Centroamérica, los marcos legales en materia de ciberseguridad varían considerablemente entre países, y muchos aún no cuentan con leyes integrales que aborden adecuadamente la protección de la infraestructura crítica. Incluso donde dichas leyes existen, los mecanismos de implementación suelen ser débiles o no están alineados con estándares internacionales como la Directiva NIS2 o el marco de ciberseguridad del NIST.
La colaboración regional debe seguirse fortaleciendo mediante tratados intergubernamentales y la armonización de políticas. Sin un entendimiento compartido de las normas cibernéticas, las obligaciones de reporte de incidentes y los requisitos mínimos de ciberseguridad para los operadores de servicios esenciales, la región continúa siendo vulnerable a ataques transfronterizos que explotan los puntos ciegos legislativos.
No obstante, la tecnología por sí sola no puede asegurar la infraestructura crítica. El factor humano sigue siendo el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad. La ingeniería social, las campañas de phishing y las amenazas internas prosiguen su alta efectividad debido a la insuficiencia de programas de concienciación cibernética en los sectores público y privado.
Las campañas nacionales que promueven la higiene digital, que simulan escenarios de ataque y que educan a los empleados sobre sus roles en la protección de sistemas críticos deben convertirse en prioridades recurrentes. Se ha de prestar especial atención al personal ejecutivo y operativo que controla o interactúa con los sistemas críticos, tanto en el área de tecnologías de la información (TI) como en el caso de los sistemas de control industrial, las plataformas SCADA y las tecnologías operativas en red.
Los sistemas legados siguen estando presentes en numerosos servicios críticos, como las redes eléctricas, el suministro de agua potable, ciertas operaciones logísticas y los sistemas de transporte. Muchos de estos sistemas no fueron diseñados con la ciberseguridad en mente y ahora están siendo interconectados de forma apresurada a ecosistemas digitales por necesidades operativas. Esta convergencia entre TI y tecnologías operativas (OT) introduce nuevas vulnerabilidades, especialmente cuando se incorpora acceso remoto y monitoreo en la nube sin una arquitectura de seguridad adecuada.
Adoptar tecnologías como la segmentación de redes, las arquitecturas de confianza cero y la detección de anomalías mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático es fundamental. Sin embargo, su implementación debe ir acompañada de inventarios actualizados de activos tecnológicos, planes eficaces de gestión de vulnerabilidades, pruebas periódicas de penetración y programas continuos de capacitación del personal.
Financiamiento
Uno de los desafíos más constantes en la región es la falta de financiamiento para impulsar iniciativas de ciberseguridad. En muchos casos, las limitaciones presupuestarias hacen que la ciberseguridad se perciba como algo secundario, más enfocado a un cumplimiento normativo que en aportar valor estratégico. Esta forma de pensar resulta especialmente riesgosa en sectores de infraestructura crítica, donde incluso breves periodos de inactividad pueden generar consecuencias económicas y sociales muy graves.
Los Gobiernos y los operadores de servicios críticos deben ver la ciberseguridad como un facilitador del negocio, no como un centro de costos. Se debe asignar financiamiento dedicado para asegurar los entornos operativos, contratar y retener a profesionales de ciberseguridad e invertir en tecnologías que apoyen la detección temprana y las capacidades de respuesta a incidentes. Reforzar los CSIRT y extender su dominio al sector privado debe ser también una prioridad.
Para finalizar, es importante recordar que la ciberseguridad no es responsabilidad única de los departamentos de tecnología. Las juntas directivas, los ejecutivos de nivel C y los líderes gubernamentales deben rendir cuentas por la ciberresiliencia de los servicios que tienen bajo su responsabilidad. Esto requiere líneas de gobernanza más claras, roles y responsabilidades definidos y el nombramiento de autoridades nacionales de ciberseguridad con poder de aplicación y mandatos de coordinación intersectorial.
La introducción de leyes obligatorias de notificación de brechas, auditorías independientes de sistemas críticos y ejercicios de simulación regulares es necesaria para fomentar una cultura de transparencia y preparación. Las agencias multilaterales también deben seguir apoyando los esfuerzos de fortalecimiento de la capacidad de gobernanza y ejecución en toda la región.
En definitiva, Centroamérica se encuentra en una encrucijada. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y los ciberataques se vuelven más sofisticados y patrocinados por algunos Estados, la región no puede permitirse tratar la ciberseguridad como una ocurrencia tardía. Proteger la infraestructura crítica no es solo un desafío técnico; es una prioridad estratégica que requiere previsión legal, educación continua, inversiones inteligentes y una gobernanza sólida. Solo a través de una acción coordinada y una visión a largo plazo puede Centroamérica asegurar la seguridad, la estabilidad y la soberanía de sus sistemas más vitales en la era digital.
