En qué año se fundó la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, Inc. (Adesinc)? ¿Cuántas empresas forman parte de la asociación?
Adesinc fue fundada el 6 de enero de 1983, mediante autorización del poder ejecutivo, y fue incorporada por el Decreto Presidencial No. 108-92 de fecha 2 de abril de 1992. En sus inicios fue creada con siete empresas, siendo sus pioneros y primeros gestores los señores Roberto Valentín, Roberto Pilarte, Armando Houellemont, César Gil García, Bismarck Tavárez Caminero y Ruperto Acosta.
Actualmente, está integrada por 68 de las empresas más competitivas del mercado, dedicadas a brindar servicios de vigilancia y seguridad privada a bienes muebles e inmuebles y personas naturales, de escoltas y de transporte de valores en todo el país.
¿Cuáles son los principales objetivos de Adesinc? ¿Cómo contribuye la asociación al buen funcionamiento del sector de la seguridad privada en la República Dominicana?
La asociación tiene por objeto canalizar de forma efectiva, enérgica, continua e innovadora las ideas e intereses comunes que fomenten el buen manejo de las empresas dedicadas a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, mediante sus distintas modalidades y demás actividades afines, para la preservación de la integridad personal o patrimonial de particulares.
Adesinc contribuye al buen funcionamiento del sector fomentado la formalidad y legalidad en la prestación de los servicios de seguridad, velando porque exista apego a las diferentes normativas legales vigentes, siendo un canal de enlace entre las diferentes instituciones gubernamentales y sus asociados, generando propuestas para el bienestar de la nación y promoviendo la defensa de los intereses del sector.
¿Cuál es la aportación del sector de la seguridad privada a la economía y la creación de empleo en el país?
Según un estudio realizado en 2017 por Deloitte sobre el impacto económico de las empresas de seguridad de Adesinc, las mismas aportan al Estado cada año, de forma directa, 82 millones de horas, 22.000 vigilantes, un aporte fiscal de 288 millones de pesos, 3.000 millones de pesos en concepto de pago de nómina, 457 millones de pesos al Seguro Social y 30 millones al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). En 2016, las empresas de la asociación aportaron casi 300 millones de pesos en impuestos. De ellos, un 73% correspondió a impuestos sobre los ingresos.
¿Cómo le ha afectado la pandemia al sector de la seguridad privada dominicano? ¿Ha disminuido la prestación de servicios y, por ende, la facturación?
Es un hecho cierto que estos dos últimos años se han visto particularmente matizados por un acontecimiento global sin precedentes: la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, gracias a la unión de las empresas y del esfuerzo de todos, hemos logrado implementar y mantener protocolos efectivos que aseguraron la continuidad ininterrumpida de nuestros servicios esenciales y la salvaguarda del aparato productivo nacional, con incidencia mínima en la salud de nuestros colaboradores.
Y en ese mismo tenor, debemos acotar que, por ser el servicio prestado esencial, se recibió colaboración económica por parte del Estado. La misma contribuyó a contrarrestar el impacto económico por nómina del personal, evitando que las empresas tuvieran que realizar despidos masivos.
Es innegable que muchos clientes decidieron suspender su contrato de servicios por el cierre de sus comercios. Empero lo anterior, las empresas del sector continuaron ofertando sus servicios de seguridad. Y flexibilizando los pagos se logró mantener activamente gran parte de la cartera de clientes.
“Durante la pandemia, la seguridad privada dominicana ha desempeñado un rol fundamental dentro de la seguridad ciudadana”
Uno de los servicios asociados a la seguridad privada es el traslado de dinero en efectivo. ¿El mayor uso de tarjetas bancarias ha afectado al servicio de traslado de valores en la República Dominicana?
Sin duda alguna, el traslado de efectivo disminuyó considerablemente, puesto que las operaciones bancarias estaban limitadas y el flujo o movimiento económico no estaba en su capacidad normal. Muchas empresas y personas comenzaron a optar por los pagos electrónicos y las transacciones por tarjeta de crédito, evitando así largas filas en bancos comerciales y mitigando el riesgo de contagio por motivo de la pandemia.
Sin embargo, con relación al transporte de valores debemos añadir que incluso en los estados de emergencia más estrictos, donde se restringía la libertad de tránsito, siempre estuvo abierto para las empresas de seguridad privada en todas sus modalidades.
¿Cómo se regulan los servicios de seguridad privada en la República Dominicana? ¿Adesinc está conforme con dicha regulación o considera que debería modificarse?
Actualmente, las empresas de seguridad privada están reguladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), creada mediante el Decreto 1128-03, de fecha 15 de diciembre de 2003. La SVSP ejerce control, inspección y vigilancia sobre todas las personas e instituciones que desarrollan actividades de vigilancia y seguridad privada y sus usuarios en la República Dominicana de conformidad con lo que establece el reglamento contenido en el referido decreto.
Sin embargo, actualmente no existe en nuestro país una ley especial o sectorizada en favor del sector que regule los servicios. En el Congreso Nacional, en diferentes etapas, desde el año 2010 se ha estudiado un Proyecto de Ley de Seguridad Privada, el cual no ha sido aprobado. Y, ciertamente, hemos quedado a la expectativa de contar con un marco legal justo y posible, ya que el sector entiende la necesidad de la regulación y aboga para que exista un equilibrio entre la tutela efectiva del Estado, la garantía de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes y el fomento del crecimiento y la sostenibilidad del sector de la seguridad privada.
¿Cuál es el grado de colaboración y entendimiento existente entre Adesinc y la SVSP?
Adesinc y la SVSP siempre han mantenido un diálogo amistoso en procura de fomentar la profesionalización de los prestadores del servicio y la mejora continua de la calidad de estos en beneficio de los usuarios.
Ambas instituciones han diseñado planes y estrategias de capacitación conjunta, manteniendo siempre una comunicación fluida, trabajando arduamente de la mano como aliados y procurando siempre el fortalecimiento del sector.
“Estadísticamente, se ha demostrado que prevenimos alrededor de un 35% de la comisión de los delitos más comunes”
Las empresas que operan al margen de la ilegalidad preocupan al sector de la seguridad privada en otros países de América Latina. ¿Sucede lo mismo en la República Dominicana?
La ilegalidad, o lo que llamamos el sector informal, infringe con la competencia leal, ya que estas empresas no cumplen con los requisitos de ley y ofertan precios muy por debajo de las tarifas justas y reales. De igual manera, no respetan los derechos laborales de sus empleados, quienes, por desconocimiento o por necesidad, ingresan a esas empresas laborando de forma insegura e inhumana, careciendo de un seguro social, seguro de responsabilidad civil y garantías judiciales. Y, en muchos casos, con dificultades al momento de recibir sus remuneraciones.
Si las políticas públicas fomentaran que las empresas de seguridad privada formales fueran más competitivas, se estima que podría llevarse a 90.000 el número de vigilantes formales. Según un estudio realizado por Deloitte a finales de 2017, la principal problemática del sector radica en que apenas uno de cada tres vigilantes es un empleado formal.
La informalidad que existe hoy en día acarrea pérdidas no solo para las empresas del sector privado formal, sino también para el Estado dominicano, pues el costo de la misma representa pérdidas de, aproximadamente, 812 millones de pesos anuales en recaudaciones fiscales, 1.288 millones de pesos en seguridad social y 85 millones en pago a Infotep.
Desde el inicio de la pandemia, la actividad de seguridad privada ha sido considerada un servicio esencial en muchos países. ¿También en la República Dominicana?
Efectivamente. La seguridad privada ha desempeñado un rol fundamental dentro de la seguridad ciudadana. Mientras los organismos que garantizan la seguridad pública se encontraban inmersos en temas de protección en un estado de emergencia, las empresas de seguridad privada seguían cuidando los intereses de los usuarios, negocios, propiedades y plantas físicas.
En el marco de apoyo, los oficiales de seguridad contribuyeron al cumplimiento de los protocolos de seguridad emitidos por el Estado, garantizando el distanciamiento social en los establecimientos, realizando chequeos preventivos en las entradas y vigilando el personal. Nos sentimos honrados por el desenvolvimiento de nuestros oficiales, los cuales trabajaron de cara al sol en momentos tan complejos.
El próximo número de nuestra revista estará dedicado a la protección de infraestructuras críticas. ¿Qué papel desempeñan las empresas de seguridad privada dominicanas en la protección de infraestructuras como centrales energéticas, aeropuertos, hospitales, instalaciones de organismos públicos, centros de abastecimiento de alimentos, etc.?
El país sigue apostando a la seguridad privada. Estadísticamente, se ha demostrado que prevenimos alrededor de un 35% de la comisión de los delitos más comunes. Sin embargo, en nuestro país le queda un extenso recorrido en este sentido, pues los gobiernos en la praxis optan por tener una seguridad mixta militar-policial, siendo escasa la contratación privada en infraestructuras críticas. Hemos estudiado legislaciones comparadas y aún quedamos cortos con relación a esta contratación estatal privada.
Para finalizar, ¿qué beneficios tienen las empresas de seguridad privada asociadas a Adesinc?
Las empresas afiliadas a nuestra entidad disfrutan de grandes beneficios, desde contar con un enlace directo y efectivo entre gremios, organismos internacionales e instituciones del Estado hasta asesoría legal gratuita. Lógicamente, defendemos los intereses comunes de los asociados y los apoyamos en el manejo de conflicto con sus intereses.
