En opinión de la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, ¿cuáles son los tres grandes retos del sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia?
El primero de los grandes retos que tenemos en el sector es mantener el empleo. La llegada de la reducción de la jornada laboral, sumado a la necesidad de igualar la tarifa de servicios residencial a la industrial, dado que siempre había sido diferencial, genera una consecuencia determinante y es la respuesta del mercado. Lo que el mercado, en sus condiciones actuales, está dispuesto a pagar cuando estamos en una difícil situación económica con la incertidumbre del aumento en los impuestos y costo de vida. La seguridad, aunque es necesaria, no representa un costo operativo en las organizaciones.
Con la reducción de la jornada laboral se pretende crear un turno adicional representado en un empleo adicional. Pero lo que está ocurriendo es que existe una variable global, y es la llegada inminente de la inteligencia artificial (IA). Y lo que están buscando los clientes es tener seguridad al alcance de sus posibilidades. En especial, el sector residencial está solicitando adecuaciones de sus propiedades para contratar vigilancia remota.
Entonces, en lugar de tener tres guardas en un puesto tendremos un guarda desde un centro de monitoreo vigilando simultáneamente, con herramientas tecnológicas, varias propiedades. Así, por crear un empleo adicional se pueden poner en riesgo varios empleos existentes. Las unidades residenciales no están dispuestas a pagar servicios que encarecen sus administraciones al punto de tender a ser equivalentes al valor de un arriendo.
Por lo anterior, otro desafío es mantener el mercado para responder a sus posibilidades y expectativas. Las organizaciones deberán tener la capacidad de transformarse al ritmo de las necesidades, tendrán que ser capaces de diseñar nuevas ofertas de servicios y alternativas al alcance de los clientes para competir en un sector con un gran porcentaje de ilegalidad y servicios sustitutos en una cultura donde prima la promoción y el precio sobre la calidad.
El tercer desafío es operar con calidad y sostenibilidad organizacional en un entorno de expectativas crecientes y demandantes en seguridad. Afectados por la falencia de recursos que dependen de la gestión oportuna de tramitología, las ventas se han visto afectadas para el sector privado y, en consecuencia, ello se refleja en la cartera para el sector de la seguridad.
Trámites como la acreditación de armas, la apertura de nuevas agencias y blindajes, necesarios para este contexto de inseguridad actual, están notablemente demorados. Tenemos empresas con tramitología pendiente del año 2022 a la espera de sus términos. Adicionalmente, muchos trámites generan costos significativos sin antes producir ingresos, como la apertura de agencias que requiere la adecuación previa, incluso vídeos de soporte para verificación, de infraestructuras, generando gastos sin poder producir para mantenerse por muchos meses en espera.
Igualmente, existen trámites que desde su radicación anulan la vigencia de sus permisos, situación que no se ha logrado resolver con el ente de control y vigilancia a pesar de que se ha realizado la solicitud de la modificación de la presentación de la información en la plataforma de consulta para que la vigencia no se pierda. Los anteriores son recursos indispensables para operar en legalidad.
“Las empresas de vigilancia y seguridad privada tendrán que ser capaces de diseñar nuevas ofertas de servicios y alternativas al alcance de los clientes”
En 2023, ¿qué iniciativas han impulsado desde la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada para fortalecer el sector?
Celeridad en tramitología para trabajar en legalidad y coherencia. Hemos dispuesto espacios de iniciativas y soluciones con nuestro ente de control y vigilancia para lograr puntualmente caminos viables que permitan dinamizar la tramitología.
Uno de ellos es el planteamiento para añadir un criterio a la plataforma de consulta para la Policía y las autoridades cuando verifican la legalidad de la operación de los operativos y sus armas. Ello porque, si se inicia de forma juiciosa un trámite de revalidación, antes de que venza la vigencia restante, desaparece en la plataforma, se pierde este tiempo y se incauta el arma aunque realmente no lo merezca. Hace meses se concluyó positivamente esta posibilidad, pero no se ha llevado a cabo. Esto ha afectado notablemente a las empresas frente a la disponibilidad de armas.
Otra de las iniciativas de la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada ha sido el diseño y la presentación de convenios para apoyar la seguridad ciudadana a partir de iniciativas pedagógicas en violencia de equidad y género, vigilancia y prevención.
Hemos planteado una simbiosis con la seguridad ciudadana para contribuir con servicios a las ciudades inteligentes. Vemos con preocupación que se menciona desde los gobiernos locales, y ahora recién pasadas las campañas políticas, la adquisición de cámaras para vigilar las ciudades. Pero la experiencia es que siempre terminan dañadas y no funcionan. Por ello hemos propuesto que se adquieran servicios, no productos, para garantizar su funcionamiento permanente con la responsabilidad y el compromiso de un doliente que puede incluso sumar con sus centros de control y monitoreo, liberando personal de policía.
“Hemos dispuesto espacios de iniciativas y soluciones con la Supervigilancia para lograr puntualmente caminos viables que permitan dinamizar la tramitología”
¿Qué inquietudes o propuestas le han trasladado desde la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) para mejorar y dinamizar esta industria en Colombia?
Desde la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada hemos propuesto a la Supervigilancia incursionar en la cadena del sistema carcelario desde lo que falta y no desde lo que existe, cuidar de los sindicados detenidos que ocupan diariamente gran número de policías en las estaciones en condiciones de hacinamiento para liberar este recurso humano.
Frente a los eventos privados masivos, el sector siempre ha planteado recurrir a la seguridad privada en vista de que la mayoría del personal de seguridad pública disponible de las ciudades se desplaza y se concentra en la vigilancia de estos eventos y las ciudades quedan con poco pie de fuerza en estas ocasiones.
Por último, reitero la necesidad en la celeridad oportuna en los trámites que se traduce en un recurso coherente con la calidad de la operación y la legalidad en la prestación de servicios.
Para finalizar, ¿qué mensaje desean transmitir desde la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada a los empresarios y trabajadores del sector coincidiendo con la celebración del Día Nacional de la Vigilancia y Seguridad Privada y del Día del Guarda de Seguridad?
A los guardas y operativos queremos enviarles nuestra gratitud y reconocimiento por hacerse visibles con su gestión y ejemplo a partir de la pandemia. Creemos que hay un antes y un después que marcó este acontecimiento para la historia de la seguridad privada. Vemos la evolución en la preparación y especialización, así como el compromiso de un sector incluyente. Son un referente de confianza que ha ganado percepción positiva entre los colombianos.
Y a los empresarios, admiración por su compromiso con tantas familias para mantener el empleo y el barco a flote ante sucesivas amenazas para su estabilidad. La capacidad para adaptarse al cambio ante el impacto de la economía de sus clientes, lo que afecta a una cartera que, en gran parte, se destina a la nómina, y la capacidad de diversificar riesgos y planear a corto plazo con giros inesperados que obligan a sortear en la improvisación son factores destacables en un sector de grandes desafíos y competencias como la ilegalidad, los servicios sustitutos y las limitaciones en la disponibilidad oportuna de tramitología.
