En opinión de la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada (FedeSeguridad), ¿cuáles son, a grandes rasgos, los retos del sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia?
En Colombia, el sector de la vigilancia y seguridad privada tiene un reto general que tiene que ver con adaptarse a los cambios coyunturales que se vienen presentando o se darán en el corto plazo. En particular, me refiero al impacto que puede traer la reforma laboral. Aunque la propuesta busca mejorar algunos ingresos para los trabajadores en el corto plazo, su contenido presenta desafíos notables e incluso en el mediano plazo puede traer una disminución del ingreso promedio de los trabajadores.
Si la reforma se aprueba como se presentó, es previsible que se vayan a encarecer los servicios de vigilancia; y con esto, disminuir su demanda. Los artículos propuestos no favorecen la estabilidad laboral, pues vuelve rígida y costosa la contratación formal. Igualmente, aleja la posibilidad de formalización del 55%, aproximadamente, de la población ocupada que es informal.
Otros grandes retos están asociados a la regulación. Hoy en día, las empresas del sector se rigen bajo el Decreto Ley 356 de 1994 (Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada), que supone algunas limitaciones para las mismas relacionadas, comúnmente, con el tipo de empresa y de socios. Este decreto necesita ser revisado y adaptado a la realidad del sector. Mientras este te no se solucione, difícilmente se fomentará el crecimiento empresarial y económico en la industria.
Pondré un par de ejemplos. El artículo 12 del Decreto Ley 356 obliga a que los socios de las empresas sean personas naturales de nacionalidad colombiana. Al no permitir la inversión extranjera, el crecimiento económico y tecnológico del sector tendrá un rezago frente a la competencia mundial, obligando a las empresas a mantenerse en un sistema anticuado con poca capacitación e inversión para el desarrollo.
En el mismo sentido, el artículo 8 limita a las empresas a tener un objeto único y de responsabilidad limitada. Esto representa algunos retos para la creación de nuevas empresas, el régimen jurídico y sus prohibiciones, las barreras económicas a la hora de constituir una sociedad, etc.
En síntesis, el mayor desafío es la sostenibilidad empresarial. En una industria donde el mayor costo es la nómina, el recurso humano, cualquier cambio en las reglas del juego puede resultar traumático: el aumento de la reforma laboral, del salario mínimo, la capacitación y formación del personal operativo e incluso toda la cadena necesaria para la prestación del servicio por parte del personal, como sus elementos de protección y seguridad o los vehículos en los que se movilizan, responden a la volatilidad del dólar y esto no está siendo contemplado, por lo que muchas veces las ganancias de actividades como el transporte de valores apenas alcanzan el 1%.
En 2023, ¿qué iniciativas han impulsado desde FedeSeguridad para fortalecer el sector de la vigilancia y seguridad privada?
Revisamos a detalle, y técnicamente, el impacto de la reforma laboral que está siendo tramitada por el gobierno nacional. Junto con nuestro equipo y la asesoría de un grupo de abogados expertos laboralistas, asistimos a mesas técnicas de trabajo para manifestar nuestras impresiones. Además, presentamos unas propuestas para que sean tenidas en cuenta a la hora de emitir el documento final y advertimos sobre los riesgos y los vacíos que representaban los primeros textos. Al respecto, esperamos que se sigan teniendo en cuenta la visión y la experiencia del grupo empresarial de la seguridad privada del país.
También realizamos un análisis sobre la aplicabilidad de la Ley 2101 de 2021 de disminución de la jornada laboral y sus impactos en nuestro sector con el fin de mitigar el riesgo de caer en posibles interpretaciones ambiguas que generaran confusión. Y, de este modo, velar por el correcto pago a los trabajadores, rechazando acciones que buscasen prestar servicios de vigilancia y seguridad privada por debajo de la tarifa mínima. Asimismo, FedeSeguridad recomendó implementar dicha ley de manera rigurosa y conservadora con el propósito de promover la legalidad y rechazar cualquier acción que vulnera la libre competencia.
Asimismo, estamos en la construcción del Índice de Costos al Transporte de Valores (ICTDV), que se define como una operación estadística para estudiar las variaciones promedio de los costos para un conjunto representativo de bienes y servicios empleados, que garantizan las operaciones de la industria del transporte de valores, con el objetivo de analizar cómo debería regirse el aumento de los costos de esta industria de acuerdo a las variaciones y la naturaleza propia del negocio.
Por último, con el fin de fomentar el crecimiento empresarial, es fundamental simplificar la tramitología que lo rodea. En este sentido, proponemos la instauración de ventanillas únicas que mejoren la eficiencia y la calidad de los servicios prestados a las empresas del sector. Al centralizar todos los trámites y servicios en una sola plataforma, se busca simplificar y agilizar los procesos y mejorar la experiencia de los usuarios.
¿Qué inquietudes o propuestas le han trasladado desde FedeSeguridad a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) para mejorar y dinamizar esta industria en Colombia?
La comunicación de FedeSeguridad con la Supervigilancia es un ejercicio constante. Este año nos hemos reunido frecuentemente con el superintendente Alfonso Manzur Arrieta y su equipo directivo para aclarar algunas inquietudes y proponer temas del interés del sector. De manera especial, estuvimos en conversación con la oficina jurídica de la Supervigilancia con el propósito de abordar dos temas puntuales de interés para nuestro sector.
El primero sobre el concepto que establece los requerimientos para el establecimiento de sucursales o agencias para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada en lugares diferentes a los que las empresas tienen su sede principal. Esto supone un problema licitatorio con entidades públicas que exigen dichas agencias o sucursales, teniendo en cuenta que muchas de las empresas no cuentan con las mismas.
En este aspecto, la Supervigilancia nos respondió que la licencia otorgada es de carácter nacional en lo que respecta a los parámetros para la contratación pública, que las agencias o sucursales deben ser entendidas como estructuras propias de cada empresa y no deben constituirse en un factor limitante para su operación e hizo hincapié en se hacía una excepción en aquellos lugares donde se presenten situaciones de especial complejidad administrativa, operativa y financiera.
En cuanto al segundo tema que abordamos, con respecto a si la Supervigilancia prohíbe la conformación de consorcios o uniones temporales (UT) para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, la entidad nos comentó que iba a dejar sin efecto la referida circular sobre este tema y adicional tomarán acción. Y crearán un espacio en el Renova-APO donde se reporte e informe la creación de UT con los porcentajes, cantidad de hombres, caninos, etc., correspondientes. Con esto se podrán y deberán detallar todos los elementos que componen la UT para formalizar claramente las responsabilidades de cada empresa involucrada.
Para finalizar, ¿qué mensaje desean transmitir desde FedeSeguridad a los empresarios y trabajadores del sector coincidiendo con la celebración del Día Nacional de la Vigilancia y Seguridad Privada y del Día del Guarda de Seguridad?
En el Día Nacional de la Vigilancia y la Seguridad Privada, a los empresarios que hacen posible este sector nuestro reconocimiento y solidaridad permanente para que puedan continuar haciendo empresa en el país, superando las dificultades de toda índole que implica ser un empresario a carta cabal. Y a los trabajadores del sector, nuestra gratitud y admiración por su trabajo abnegado en pro de la tranquilidad y la seguridad de los colombianos. Todos nuestro mensaje de ánimo y fortaleza para seguir transitando hacia una Colombia más prospera y segura.
