Segurilatam 017

entrevista Seguridad Privada de inspección y control de competencia de la oficina delegada para el control. Estas se realizan a las empresas para verificar que cuentan con las licencias de funcionamiento correspondientes y cumplen con la relación hombre-arma conforme a los parámetros establecidos en el Decreto 2535 de 1993. Cuando se identifican las empresas que no poseen licencias de funciona- miento vigentes, el deber es devolver o ceder el armamento. Si no se cumple esto, se procede a la incautación de las armas con el acompañamiento de la Policía Nacional. Según información con corte a diciembre de 2020, se in- cautaron 281 armas en estas visitas de inspección. Por otra parte, en cuanto a armas per- didas, también se procede de manera articulada. En este caso, se informa a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional y la DCCAE para hacer rastreo y segui- miento de las armas de fuego que en algunos casos han sido robadas al per- sonal operativo y llegan a manos delin- cuenciales. dieron una campaña de sensibilización con todos los administradores de pro- piedad horizontal del país para reiterar- les los problemas que enfrentarían por contratar empresas sin el lleno de los requisitos. Invito a todos los usuarios de la segu- ridad privada a que verifiquen que las empresas que van a contratar cuentan con licencia vigente de funcionamiento. En la página web de la Supervigilancia, en el enlace de servicios vigentes, pue- den revisar y constatar la legalidad de la empresa. Hay una serie de decretos que con- templan el uso y control de porte de armas. Entre ellos, el Estatuto de Vigi- lancia y Seguridad privada. En el caso de la venta de armas en el mercado negro, ¿cómo se combate esta ilega- lidad desde la Superintendencia? ¿Se desarrolla un plan de acción con la Po- licía Nacional? En este aspecto, se articulan esfuerzos dentro del marco de la interoperabilidad con la Policía Nacional y el DCCAE. La Supervigilancia actúa mediante visitas manifiesten y socialicen sus posiciones, argumentos e inquietudes con respec- to a la reforma del Decreto Ley 356 de 1994. Esperamos que como resultado de esta actividad se logre identificar y de- finir aspectos de acuerdo o desacuerdo para la construcción de un sector más sólido y unido. Cabe destacar que en este ejercicio se determinó que los gremios seguirán atendiendo las mesas de concertación para lograr puntos de acuerdo y presen- tarlos ante la Supervigilancia. Desde no- viembre de 2020, se han llevado a cabo tres mesas de trabajo. Desde que está al frente de la Super- intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ¿cuáles han sido las inquie- tudes que le han transmitido los em- presarios? ¿Podría afirmarse que las empresas de seguridad privada ilega- les encabezan la primera lista? ¿Cómo enfrenta esta problemática? Cuando llegué como superintendente a esta entidad, la mayor preocupación de los empresarios era la demora en la respuesta a los trámites. Se quejaban de que las renovaciones o las licencias se demoraban más de un año en ser re- sueltas y que eso afectaba el desarrollo de las empresas. De inmediato trabaja- mos con el director de la Función Pública para que en la Ley 2106 de 2019 (Ley Antitrámites) se incorporaran los artí- culos que determinaban la renovación automática y licencias por 10 años. Esta norma permitió tomar decisiones en la entidad y empezamos a darle aplicabi- lidad a la norma de forma inmediata, procediendo a entregar las licencias y las renovaciones en el mes de diciembre del mismo año. Para combatir la ilegalidad y debilitar a las empresas que prestan servicios sin licencia, el delegado para el control, el coronel de enlace y Fedelonjas empren- Los profesionales del sector de la vigilancia y seguridad privada colombiano están reali- zando una labor esencial desde el inicio de la pandemia. Primer cuatrimestre 2021 / 89