Normalmente, pensamos en ellas como entes o activos existentes. Claro está que algunas infraestructuras, como los monumentos nacionales y los edificios icónicos, fueron construidas incluso antes de que existiera el término de infraestructuras críticas.
Sin embargo, lo crítico de las infraestructuras críticas, valga la redundancia, comienza mucho antes de que la primera piedra sea colocada. Desde el momento mismo de la planeación de un proyecto existen factores que determinan las zonas o lugares donde deben ser construidas. Hay dependencia de recursos naturales como el agua, el viento o la tierra. Algunas, por determinación legal, deben estar alejadas a cierta distancia de sitios urbanos. Y otras, por los servicios que prestan, tendrán que estar dentro de las ciudades.
Fase de construcción
Ante este escenario, y desde la perspectiva de la seguridad, el equipo interdisciplinario que plantea el proyecto deberá generar un análisis de riesgos. Preferentemente, basándose en estándares internacionales como las normas ISO 31000:2018 e ISO 22316 y considerando, al menos, dos etapas: construcción y operación. Normalmente, nos centramos en la gestión del riesgo operacional. Pero la fase de construcción en algunos tipos de infraestructuras críticas conlleva mayores desafíos de gestión del riesgo que la operación misma.
En algunos países, los riesgos económicos y sociopolíticos pueden afectar al periodo de construcción aún más que los riesgos naturales. Es conocido que en ciertas regiones se debe cumplir con estándares internacionales de derechos humanos que establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser un requisito previo, libre, informado y culturalmente adecuado antes de que se autoricen proyectos. Y aun cuando la consulta haya tenido un resultado favorable, diversos grupos de interés podrán hacer uso de recursos jurídicos para detener el avance de las obras.
Una vez agotadas las instancias legales, pueden presentarse marchas, bloqueos y otro tipo de manifestaciones de descontento social que deberán ser gestionadas con la comunidad para poder concluir de manera satisfactoria. Y siempre pensando que la relación será permanente porque, al final, llegaremos al momento de la operación.
El riesgo relacionado con el medio ambiente cada vez cobra mayor relevancia, ya que se debe cumplir con las normativas locales, nacionales e internacionales de conservación de los ecosistemas. Y ello conlleva el reto de proteger activos como la flora y la fauna durante el proceso de remoción, salvaguarda temporal y regreso al ecosistema, donde grupos delincuenciales y ambientalistas pueden significar una amenaza a gestionar.
Infraestructuras alejadas
Un aspecto donde quisiera abundar es la gestión del riesgo de seguridad en entornos de alta conflictividad delincuencial. Cuando construimos infraestructuras críticas en zonas alejadas de los núcleos urbanos nos enfrentamos a la falta de caminos y telecomunicaciones. Más la agravante de que los grupos de delincuencia organizada pueden tener presencia hegemónica en esos territorios y que los elementos tradicionales de reducción de vulnerabilidades no aplican.
¿De qué nos sirve un botón de pánico si la autoridad que puede acudir en nuestra ayuda se encuentra a más de media hora de camino por terracería? O también, ¿de qué nos sirve un vehículo blindado en una zona de dunas o un escolta armado contra todo un grupo armado?
¡Sigue Leyendo!
Puedes leer el artículo completo en el número de 15 de ‘Segurilatam’.
¿Quieres leer el contenido completo?
