No hace más de dos años que Colombia firmó, como país intencionado, la adhesión al Convenio sobre la Ciberdelincuencia de Budapest (La República, 2018), uno de los principales instrumentos para poder luchar contra la ciberdelincuencia a nivel global y proteger los actos indebidos contra la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los sistemas informáticos. Sin embargo, algunos componentes siguen definiendo con criterio los principales elementos que conlleva adquirir estos compromisos ante el Consejo de Europa.
Las estadísticas de delito informático (Caracol, 2021), y las denuncias que se realizan frente a los diferentes esquemas de fraude, acceso abusivo a sistema informático, violación de datos personales y delitos de contenido como la pornografía con menores, son los más preocupantes. Este mismo crecimiento tuvo un gran énfasis en que las organizaciones delincuenciales se sienten cada vez más confortables ante la posibilidad de evadir la frecuente tarea de las autoridades en el ciberespacio.
Adaptación y estandarización del Convenio sobre la Ciberdelincuencia a las nuevas acciones criminales que se puedan presentar en 2022. En esa misma línea, los escenarios pueden transformar al mismo tiempo que se cambian las tecnologías (Ortiz Ruiz, 2020) y la necesidad de incorporar en la ciberseguridad un nuevo diseño para poder contrarrestarlas puede necesitar la santa articulación en muchos frentes con grupos y tareas conjuntas para poder mitigar los nuevos ciberataques que se van a presentar.
El reto de la identidad cibernética
Un factor preponderante en la aplicación de procedimientos preventivos, detectivos y disuasivos va enfocarse en el robo y suplantación de identidad (Ortiz Ruiz, RedCiber) hacia 2022. Por ende, este mismo factor involucra las distintas herramientas con las que va a contar el ciberdelincuente para afectar distintos elementos de seguridad en los sectores, organizaciones y empresas.
Armonización de conductas
Actualmente, muchas de las conductas están consagradas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009. Algunas de ellas no alcanzan a cubrir la necesidad que la ciberdelincuencia requiere, de tal modo que se hace importante realizar una técnica legislativa acorde y en paralelo a los instrumentos legales con los que cuentan los investigadores y fiscales. Uno de los argumentos principales para poder unificar criterios procedimentales de cara a poder cumplir con las demandas de respuesta que exige la Ley 1928 de 2018 (Convenio sobre la Ciberdelincuencia).
En conclusión, este tipo de factores puede indicar que existe una tarea inacabada en la cual es necesario vincular a los diferentes sectores –entre ellos, el académico– para poder abordar la verdadera significancia de poder fortalecer las principales habilidades de investigadores y peritos.
En el caso de estos últimos, unificar y homogenizar habilidades como hace la Asociación Internacional de Informática Forense (ASIIF) al certificar peritos, investigadores, especialistas y auditores forenses en este campo. Es preciso indicar que nos queda un camino por delante en el cual vale la pena prepararnos para contrarrestar la ciberdelincuencia en Colombia.
