102 / 124
102
Primer cuatrimestre 2016
Opinión
artículo técnico
C
on sobradas razones, América
Latina es considerada la re-
gión más violenta del planeta,
fruto de la numerosa y variada acti-
vidad delictiva. Por ejemplo, al anali-
zar la clasificación de 2015 relativa a las
50 ciudades más violentas del mundo
que elabora el Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y Justicia Pe-
nal AC de México, sólo ocho urbes es-
tán fuera de Latinoamérica y las ocho
primeras corresponden a la región.
Pero no todo son malas noticias, ya
que países como Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú o
Uruguay no tienen localidades en el
ranking
. Por otra parte, Ciudad Juárez
(México) no aparece en la lista a pesar
de que en 2008 y 2010 ocupó el primer
lugar. Y tampoco figura Medellín
(Colombia), población que durante la
década de los noventa era sinónimo
de violencia, llegando a alcanzar tasas
de cuatrocientos homicidios por cada
cien mil habitantes.
Cuando se comparan los resultados
de 2014 y 2015 se evidencia que
salieron del
ranking
cinco ciudades
mexicanas, dos colombianas y una
brasileña. Según el
Informe Regional de
Desarrollo Humano 2014
, del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Colombia ha logrado reducir la cifra
de secuestros de ocho a uno por día y
Nicaragua es el cuarto país de América
Latina, y el primero de Centroamérica,
con la menor tasa de homicidios por
cada cien mil habitantes.
Son ejemplos de que la región
puede arrojar resultados positivos
cuando se abordan, de manera
particular, aspectos que tienen efectos
en los indicadores. A continuación
mencionaré algunos de los factores
que toda nación debe considerar
cuando se trata de combatir el delito y
la violencia.
Instituciones sólidas y
transparentes
La corrupción es un mal que corroe
a las instituciones, lo que genera una
pérdida de confianza por parte de la
ciudadanía. En el estudio
Corruption
Perceptions Index 2014
de Transparencia
Internacional, en el que se analizan
174 países, entre los 15 primeros con
mejores resultados de percepción
sobre el sector público no ubicaremos
ninguno latinoamericano.
Las instituciones del Estado deben
transmitir solidez, lo que se traduce en
autonomía para la toma de decisiones,
nula relación operativa con el partido
de gobierno de turno, transparencia,
capacidad de gestión sustentada con
recursos suficientes y la obligación
de rendir cuentas de su gestión –
orientada hacia la cero tolerancia e
impunidad– en un marco de respeto a
los derechos humanos.
Sistema de justicia criminal
Según el
Informe Regional de Desarro-
llo Humano 2014
, en Latinoamérica no
llega al 25 por ciento el promedio de
la población que confía plenamente
en su sistema de justicia criminal. Por
su parte, el estudio
Por una América La-
tina más segura 2014
de la Corporación
Andina de Fomento, elaborado a partir
de los datos recabados en 13 urbes
latinoamericanas, revela que sólo el
13,7 por ciento de los encuestados
percibe que el sistema judicial impone
castigos justos, mientras que solamente
el 6,4 por ciento opina que se dictan
sentencias de manera expedita.
Los sistemas de justicia necesitan
una cantidad de funcionarios en
proporción al número de casos que
manejan en cada país. Además, deben
poseer los recursos de tecnología e
infraestruc tura que les permitan
agilizar los tiempos de atención a la
población. El recurso humano ha de
contar con capacitaciones frecuentes
y de alta calidad, así como evidenciar
que, efectivamente, es posible hacer
carrera dentro de las instituciones, ya
que su permanencia en las mismas
va a depender de los méritos de su
gestión y no de influencias de carácter
partidista.
En cuanto a las cárceles, el nivel
de ocupación más bajo para un país
Alfredo Yuncoza
Vicepresidente regional de ASIS para Venezuela, Colombia y Ecuador
Seguridad al alcance de América Latina
No es posible esperar de los cuerpos de seguridad
públicos operaciones de calidad cuando el
equipamiento en armas, comunicaciones o
transporte es escaso u obsoleto